A 15 años de la Masacre de Avellaneda, Darío y Maxi presentes

Este fin de semana se llevará a cabo una jornada cultural a 15 años de la Masacre de Avellaneda. Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por la policía bonaerense durante una movilización de organizaciones piqueteras el 26 de junio del año 2002. 

El próximo 26 de junio se cumplen quince años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, que precipitó la salida del presidente provisional Eduardo Duhalde y la convocatoria a elecciones para abril del año 2003. Sus historias, como parte del movimiento piquetero que luchó durante la larga década neoliberal contra las políticas de hambre generadas por el neoliberalismo, marcaron a muchos jóvenes que se lanzaron a participar en política a posteriori.

Este domingo se realizará en la estación de trenes Darío y Maxi (Avellaneda) una jornada cultural que contará con diversas expresiones musicales, junto a una feria de la economía popular con comidas y producciones de las organizaciones sociales durante todo el día. Por su parte, al día siguiente marcharán al Puente Pueyrredón.

Desde el Frente Popular Darío Santillán se movilizaron en el día de ayer a los tribunales de Comodoro Py para exigir que se investiguen a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda. Se le exigió al titular del Juzgado N° 4 Dr Ariel Lijo "que avance en las investigaciones, que cite a indagatoria a quienes para la querella son los acusados y no permita que prescriba la causa que ya lleva quince años y solo los responsables materiales, como el ex comisario bonaerense Alfredo Franciotti y el ex cabo de la misma fuerza Alejandro Acosta están condenados y presos". La organización señala como responsables políticos de aquel momento a "Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Carlos Ruckauf, Luis Genoud, Aníbal Fernandez y todos quienes formaron parte de los poderes ejecutivos del gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires".

El cronograma de actividades para el 15º aniversario de la Masacre prevé lo siguiente:

Domingo 25 de junio

Anfiteatro
13 a 16hs. Actividades para niñxs
Inauguración de esculturas en homenaje a Darío y Maxi
16 a 17,30hs Panel: “Desafíos del movimiento de trabajadores y trabajadoras”
17,30hs Teatro del Agite
18 a 19,30hs: Panel: “Avanzada conservadora y resistencias populares en América Latina”

Hall de la estación:
15,30hs. Presentación "Presentación de la biografía de Darío Santillán", con Mariano Pacheco (co autor del libro) y reconstrucción participativa de las memorias de la Resistencia.

En la Avenida Pavón:
14,30hs Asamblea de mujeres
15hs Murga Escalando sin remedio
16hs. Mas de 4
17hs Nagual
18hs La López
Tito y cia
19hs Teatro Los Miguelitos
19.30 Fin de UN mundO+textos Vicente Zito Lema+ El violinista del Amor
20hs Acto central
Homenaje a Cachito Fukman
Palabras de Alberto Santillán
Lectura de documentos
Sikuris
21hs Cierre La Delio Valdez
22hs. Marcha de antorchas con sikuris y candombe:
Los tambores no callan
23hs Comienzo de la Vigilia – proyecciones
Durante todo el día: pintamos el frente de la estación!
Exposición de fotografías - Intervenciones visuales, traé tu obra para seguir sumando a la muestra permanente de la estación!
Transmisión de la jornada: Red Nacional de Medios Alternativos

Lunes 26 de junio

12hs Todxs al Puente Pueyrredón!!

Confirmaron la condena a Menem por contrabando de armas

Por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, se confirmó la condena del ex presidente a 7 años de prisión por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. También estará inhabilitado 14 años para desempeñar cargos públicos.

Finalmente hubo confirmación de la condena para Carlos Saúl Menem. Hoy la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ratificó la condena de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos al ex presidente y actual senador, por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador.

El ex presidente, principal responsable político de la aplicación del modelo neoliberal en Argentina durante la década del 90, no fue el único condenado: el resto de los culpables son Diego Palleros, Manuel Cornejo Torino, Haroldo Luján Fusari, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jesús Julio Sabra, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Alberto Nuñez, Luis Eustaquio Sarlenga y Teresa Hortensia Irrañeta de Canterino. En todos los casos, ahora ratificados por la Sala I de la CFCP, se ordenó la inhabilitación para el desempeño de la función pública y, en algunos, el decomiso de dinero, que los condenados están intimados a depositar dentro del plazo de 10 días.

La venta de armas a Croacia y a Ecuador tuvo lugar durante el primer mandato de Menem (1989-1995). En el primer caso, se consideró ilegal ya que por entonces las Naciones Unidas aplicaban un embargo a la ex Yugoslavia. Los envíos, hechos en forma secreta, fueron refrendados por varios de sus ministros. En cuanto a Ecuador, la transacción tuvo lugar en medio de su conflicto armado con Perú. El escándalo se basó en que Argentina era uno de los cuatro garantes oficiales de la paz del Tratado de Río de Janeiro, con lo cual incumplió su compromiso internacional y faltó con sus obligaciones de acuerdo al derecho internacional.

Esto significa sin lugar a dudas un balde de agua fría para Menem, quien días atrás reveló a portales de noticias su intención de renovar su banca de senador por la provincia de La Rioja en octubre, cargo que desempeña desde el año 2005. Debido a la ratificación de esta condena, ahora no podría hacerlo.

Vecinos se organizan para impedir el desalojo de Colonia Sola

Caminando por la calle Australia al 2739, el paisaje arquitectónico de Barracas cambia y retrocede en el tiempo al mostrar un conjunto de casas de ladrillo color marrón, techos de tejas de barro y chimeneas tradicionales que sobresalen con un estilo de construcción inglesa. Se trata de Colonia Sola: un conjunto habitacional que nació en Barracas hace 130 años. Sus viviendas fueron edificadas para los profesionales y trabajadores ingleses, de clase media-alta, que llegaron en la última década del siglo XIX para construir el ferrocarril. La inauguración de Colonia Sola data desde 1889 en los registros históricos del gobierno de la Ciudad.

                             Vecinos denuncian intento de desalojo en forma encubierta por parte
                             del gobierno de la Ciudad. 

Este complejo se encuentra hoy en peligro. Un nuevo emprendimiento inmobiliario en Barracas podría dejar en la calle a 102 familias que habitan las casas de Colonia Sola. Los vecinos nucleados en la Asociación Mutual Colonia Sola quieren impedir este proyecto de “negocio inmobiliario”, que contemplaría un shopping entre otras cosas. Acusan a los gobiernos nacional, de la Ciudad y al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) de ser los principales impulsores del posible desalojo.

En la actualidad, Colonia Sola conserva su arte arquitectónica y sus 71 viviendas se encuentran habitadas por los descendientes -en su mayoría- de los trabajadores ferroviarios que sirvieron en la construcción y funcionamiento del tren. Son 350 personas de todas las edades, quienes habitan en este condominio, que hoy permanece apuntalado con tubos metálicos y de madera, que parecerían sostener el balcón del pasillo del segundo piso. Hay dos parqueaderos y una gruta de la Virgen, que muestran la convivencia de las 102 familias que habitan este conjunto, que en abril de 1999 obtuvo el boleto de compraventa.

Marcelino Molina llegó con su padre -quien era señalero- desde Tandil en 1968 y decidió alquilar uno de los departamentos. Desde esa fecha vive en Colonia Sola. “El IVC nos dijo hace 5 meses que quieren los terrenos y que nos dan un préstamo de 2 millones de pesos por cada familia. La mitad la debemos pagar en 84 cuotas. Yo que tengo 57 años no me va a alcanzar la vida para poder pagar, y ahí recién tendré escrituras. Es un desalojo encubierto”, manifestó a El Grito del Sur Molina, quien siente que estaría pagando dos veces por su vivienda. El entrevistado cree que las condiciones son injustas: “no nos oponemos al desarrollo, como dice el gobierno de la Ciudad. Si nos garantizan una reubicación a 71 casas en iguales o mejores condiciones y en este mismo barrio, no tenemos problema en irnos”.

Tanto para Lucía Rodríguez, representante suplente de la Mutual, como para Molina, la intención oficial es avanzar en un negocio inmobiliario y sostienen que las condiciones del complejo son habitables, a excepción del bloque 4. “En el 2005 vino una empresa española y pidió que se apuntale las casas para reparar el predio. Algo que nunca se cumplió. Además, el 90% de viviendas ya tienen el baño adentro por los propios recursos de sus familias”, indicó Rodríguez, quien hizo hincapié en la Ley 459, donde el Gobierno de la Ciudad pedía como requisito que el baño esté adentro de las casas, para poder hacer las escrituras individuales. Cabe indicar que desde el año 2002, este conjunto habitacional pasó a formar parte del patrimonio urbano y la escritura se registró a nombre de la Mutual.

Con nostalgia, Marcelino cuenta que son tres generaciones de su familia que han crecido en Colonia Sola. Al mismo tiempo, recuerda que adentro de los predios se han realizado varias escenas de películas y series, más la visita de varios personajes del país: “Irma Roy, Nacha Guevara y Charly García, entre otros”.

Tiempo atrás, el IVC declaró que el pedido de desalojo busca la “protección estructural” del complejo. “Extraoficialmente desde el IVC, nos dijeron -fuentes confidenciales- que tras este negocio inmobiliario están Rodríguez Larreta, Nicolás Caputo y otra gente poderosa del PRO. Ellos quieren un proyecto inmobiliario que levante a la zona y la estación de Buenos Aires-Pompeya justo pasa por acá (Línea Roca). Además el bloque 4, supuestamente en condición inhabitable, pasaría a funcionar como un shopping”, es una de las informaciones que se filtraron. Según cuentan Molina y Rodríguez, se rumorea un posible traslado de los habitantes a Lanús.

                                                               Más de 1 siglo de historia

Reactivación de la Mutual de Colonia Sola

En febrero, un mes después de que las 102 familias conocieron el ultimátum del IVC, reactivaron la asociación Mutual de Colonia Sola, la cual no funcionaba desde el año 2008. Tras asesorarse con abogados, ingenieros civiles, trabajadores sociales, colectivos barriales y arquitectos, pusieron en funcionamiento a la asociación que les representa jurídicamente y esperan la habilitación oficial.

“Fue importante organizarnos como vecinos para reflotar la Mutual y tras una asamblea extraordinaria se empezó a cobrar las cuotas de muchos vecinos que no pagaban desde 1999, más la actualización de las familias porque en más de 17 años hubo gente que falleció o se mudó y se debe trasladar la titularidad a sus familiares”, manifestó Jorge Cicchini, tesorero de la asociación, quien manifiesta que parte de lo recaudado también se está utilizando para obras y reparaciones en el lugar.

Tanto Jorge Cicchini como Lucía Rodríguez señalan que las leyes -sobre todo la normativa 459- los ampara y que, gracias a las asesorías que han recibido, han frenado un posible desalojo a la fuerza. Ambos elogiaron el apoyo de organizaciones políticas del Frente para la Victoria, de medios populares y cuentan que un sacerdote de Avellaneda, nacido y criado en Colonia Sola, “le entregó una carta al Papa Francisco en el Vaticano, para que se conozca lo que está pasando a nivel mundial”.

                              Lucía Rodríguez, miembro de la Asociación Mutual Colonia Sola

Según Cicchini, cada casa está valuada en 150 mil dólares, lo cual equivale aproximadamente a más de 2 millones 300 mil pesos argentinos. La propuesta del IVC -aseguran- es "insuficiente" y a pesar de que ocho familias han aceptado la propuesta, seguirán en la lucha amparándose en las leyes. La Mutual de Colonia Sola espera que en los próximos días llegue la habilitación de la asociación y se asesorarán bajo el nuevo Código Civil y Comercial, sobre las posibilidades de aplicar la Ley de Usucapión, pues aseguran que la mayoría de personas son descendientes de los primeros inquilinos y tienen más de 30 años habitando las viviendas que conservan el arte inglés en el barrio de Barracas.

                            Jorge Ciacchini, tesorero de la Asociación Mutual Colonia Sola

Informe: Oscar Flores Rivera
Fotografía: Andrés Wittib

Cristina lanzó el frente Unidad Ciudadana

Foto: Proyecto Popular

Ante un Arsenal colmado en sus instalaciones y alrededores, Cristina Fernández de Kirchner invitó a la ciudadanía a celebrar el día de la Bandera.

CFK lanzó su nuevo espacio, Unidad Ciudadana, con un acto que tuvo como protagonistas distintas historias de vida que fueron víctimas del modelo neoliberal de Cambiemos del último año y medio.

Con el público que la rodeaba, Cristina dejó planteado su programa político: "Lo importante es canalizar esta fuerza, esta decisión ciudadana en organizar a la sociedad".

Foto: Proyecto Popular

Planteó la necesidad de unidad de todos los sectores porque "esta es una etapa histórica de agresión neoliberal".

En el acto estuvieron presentes el ex gobernador Daniel Scioli, el diputado Axel Kicillof, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, Aníbal Fernández, Martín Sabatella, Teresa Parodi, el dirigente del PN Víctor Santamaría, los legisladores Carlos Tomada, Pablo Ferreyra, Javier Andrade y Paula Penacca, entre otros.

Un cine en Constitución va contra el ideario neoliberal

Por Sebastián Furlong
"¿Qué es esto de mantener un cine en el barrio de Constitución?", se deben haber preguntado las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) al percatarse de la existencia del Arte Cinema. En medio de la asfixiante presión que sufren desde las altas esferas gubernamentales para realizar como sea bruscos recortes de gasto en este área, empezar por Constitución pareciera ser la tarea más sencilla y accesible: un lugar más conocido por sus problemáticas sociales que por sus virtudes podría pensarse como no merecedor de un espacio de esparcimiento y difusión de la cultura popular.

                                                                 Fotografía: Sergio Gaulhinon 

A muy pocas cuadras de la estación de trenes Constitución, el Arte Cinema cumple la función de permitir el acceso masivo a los más destacados estrenos de películas nacionales, puesto que forma parte del circuito INCAA -al igual que el cine Gaumont y otros- y sus precios son sumamente inferiores en comparación con las principales cadenas comerciales de exhibición cinematográfica. Es por ello que, al enterarse de la intención de cerrar el cine, la reacción popular de vecinas y vecinos de Constitución y alrededores fue contundente e inmediata. Asambleas, corte de calles y juntada de firmas representan el grito exasperado para que el cine del barrio, que funciona allí desde el año 2010, no cierre sus puertas a partir del próximo 31 de julio. Porque "Cerrar el Arte Cinema es atacar la cultura popular", proclamaron a lo largo de estas semanas varias de las pancartas callejeras y repitieron las consignas en redes sociales.

Se podría realizar un parangón entre este hecho y la tremenda frase pronunciada por Mauricio Macri allá por finales del año 2015, previo a calzarse la banda presidencial: "¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura". Luego, en medio de los tarifazos en las facturas de servicios públicos, se ensayaría una fuerte embestida contra las universidades públicas intentando quitar parte significativa de su presupuesto. La fuerte presencia de estudiantes, docentes y no docentes en las calles, fue la que impidió la concreción de una medida que habría significado el progresivo cierre de varias instituciones de este tipo en el Conurbano y en varias provincias del país.

Así como para el ideario neoliberal mantener universidades públicas y gratuitas en barrios populosos resulta una "locura", a raíz del mismo pensamiento también suena como un "gasto" innecesario solventar con fondos del Estado un cine en un barrio poco taquillero como Constitución. En el fondo, el conflicto es entre una clase social dominante que busca restringir o limitar a otra el acceso a un recurso de carácter público: lo que se está discutiendo es si las grandes mayorías de Constitución van a contar con las herramientas para acceder a una manifestación cultural de la talla del cine, o si esta expresión de la cultura va a limitarse a ser patrimonio exclusivo de una élite. En otras palabras, si el vecino y la vecina de a pie de este barrio va a tener mayores posibilidades de producir, reproducir y reinventar su cultura, o si se le va a negar la posibilidad de enriquecer sus prácticas, ideas y valores a partir de un acceso ilimitado al cine de producción nacional.

Cuando le preguntamos al gerente del Arte Cinema por los motivos del cierre del establecimiento, éste respondió que el problema es meramente "político". Ciertamente, la aplicación de un plan neoliberal -tal como el que quiere imponer el gobierno de Mauricio Macri- requiere de un brutal recorte en el gasto público que atenta contra toda expresión social y cultural que se halle por fuera de los parámetros de la "alta" cultura. Podríamos concluir que, en este momento histórico, un cine en Constitución va contra el ideario neoliberal. Esto fue advertido de inmediato por los vecinos y usuarios del cine, que están organizados para impedir este nuevo ataque contra la cultura popular.

Prefectura contra los hermanitos de Kevin

En la madrugada del sábado Prefectura volvió a arremeter contra la familia de Kevin Molina, el niño de 9 años asesinado en 2013 por gendarmes en el barrio de Zavaleta.

Foto: La Poderosa

A continuación compartimos el comunicado de la Garganta Poderosa denunciando los hechos.

"LA PREFECTURA AMENAZÓ Y GOLPEÓ A LOS HERMANITOS DE KEVIN"

Ahora, sí, de nuevo, este sábado, a la 1.30 de la mañana, en Zavaleta, otra vez. De laburar, volvían sus hermanos. De laburar, todo el día. De laburar, en una obra de construcción. Al regresar a Zavaleta en la camioneta de la familia, vieron un hombre armado y aceleraron las últimas dos cuadras, sobre la calle Kevin, para llegar hasta su casa. "Todos contra la pared", gritó el prefecto que los recibió, otro que no gritó nada cuando mataron al enano, en ese tiroteo que duró más de tres horas, con 105 disparos de uzi y de fal, a pocos metros de dos garitas. Justo ahí, los esperaban esta vez a sus cinco hermanos. "Yo sólo vengo de trabajar", intentó decirles Ariel, de 17 años, cuando lo empujaron contra el portón. Y llegaron más prefectos. "No pueden hacer eso, es menor", intentó recordarles Federico, cuando le pegaron una piña más, en las costillas, "donde no deja marcas". Y llegaron más prefectos. "Basta", intentó gritarles Priscila, de 15, cuando le metieron un cachetazo, sí, a su hermanita.

Y llegaron más prefectos.

Para cuando los padres de Kevin salieron de su casa, alertados por los gritos de muchos vecinos, el grupo de tareas ya juntaba "más de 50 tipos" y Ariel estaba agarrado del cuello, "pero acá nadie vio nada, eh". Y se fueron algunos prefectos. Su mamá no entendía qué pasaba, justo ahí, en el mismo pasillo por donde debió acarrear el cuerpo de Kevin, cuando la dejaron abandonada sus patrulleros y sus ambulancias. "Ustedes están locos, ¿qué carajo están haciendo?", intentó preguntarles Roxana, cuando dispararon al cielo con un arma larga. Y se fueron más prefectos. "Dejen a mi mamá", intentó rogarles Azul, que tiene 9 años, mientras veía cómo levantaban el casquillo. Y se fueron todos los prefectos.

Ninguno estaba identificado.

No fue noticia y seguramente tampoco será justicia, pero hoy nos toca denunciar otra vez lo mismo, una zona liberada por el Estado, los jueces y el periodismo, donde el único procesado por el crimen del enano sigue ejerciendo su actividad y sus propios secuaces nos dan clases de impunidad, para que "aprendan de buenos o malos modos" quiénes son los que tienen el mando...

Pueden matarnos a todos.
Vamos a seguir gritando.

"Hebe nos propuso que tengamos alegría y rebeldía"

En medio del conflicto por la toma de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo tras la remoción del rector Germán Ibañez, desde El Grito del Sur nos acercamos al lugar para conversar con sus protagonistas. "No hay respuestas", denunciaron referentes de la comunidad educativa. 

                       Fotografía: Frente de Estudiantes - IUNMa

Es de público conocimiento que la relación entre las Madres de Plaza de Mayo y el gobierno nacional es inexistente desde diciembre del 2015 hasta la actualidad. Mientras tanto, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos (IUNMa) continuó funcionando cómo pudo. Docentes que llevan 17 meses sin cobrar siguieron yendo a dar clases. Pero la gota que rebalsó el vaso fue lo ocurrido el martes de la semana pasada: la intervención de la Universidad se completó con la remoción del rector organizador Germán Ibañez para ser reemplazado por Javier Alejandro Bujan, proveniente del INADI.

“Sabíamos que iban a comenzar políticas de recorte, que podía pasar algo como lo que está sucediendo hoy porque este gobierno desde el primer día se encargó de perseguir a las Madres de Plaza de Mayo”, relató a El Grito del Sur Belén Sarubbi, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, quien sostiene que el conflicto comenzó el 10 de diciembre de 2015 con la asunción de Mauricio Macri.

Desde entonces el gobierno nacional empezó a desfinanciar al IUNMa. En consecuencia, hace ya un año y medio que emprendieron la mudanza a un edificio dependiente del Ministerio de Justicia, puesto que no se asignaba el presupuesto necesario para continuar manteniendo las clases en la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, sita en Hipólito Yrigoyen al 1500.

De acuerdo con los entrevistados, el presupuesto ejecutado el año pasado fue del 25% y ahora no llega al 15%. Cursan en un piso que cuenta únicamente con tres aulas, en el marco de una asistencia que ronda los 1200 estudiantes. Frente al recorte por parte del Estado, son los mismos estudiantes quienes deben buscar lugares alternativos donde tener una cursada “digna”.

El nuevo rector de la Universidad, Javier Alejandro Bujan, es señalado por sus supuestos vínculos con la Justicia y por ser "hombre" de Daniel Angelici. “Nosotros como trabajadores del Estado, del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos conocemos muy bien su gestión de vaciamiento en el INADI, donde también llegó a través de una intervención. Vació todas las políticas públicas contra la discriminación y tiene denuncias de apriete y violencia en su juzgado”, afirmó Matías Ceballos, delegado de ATE - Justicia y DDHH por la Universidad de Madres y además estudiante de Derecho de dicha institución.

Ante esta situación extrema que significa la intervención, los estudiantes docentes y no docentes decidieron implementar la toma pacífica del lugar, medida que llevan a cabo desde el martes 14 de junio sin impedir el funcionamiento de los otros organismos que coexisten en el edificio. Entre las once de la noche y las seis de la mañana, nos les permiten entrar ni salir del edificio. Dos días atrás, fueron notificados de que si permanecían en el edificio durante el fin de semana, no podrían salir. Recién el sábado al mediodía, gracias al apoyo de las Madres y de numerosos sindicatos que apoyan la lucha que está llevando a cabo la comunidad educativa de la Universidad, lograron que se dé marcha atrás con la restricción estipulada.

La intervención en marcha prevé un cambio de currícula en las carreras de Historia, Periodismo, Derecho y Trabajo Social ofrecidas por la Universidad. Todas cuentan con un fuerte enfoque sobre los derechos humanos y anclaje territorial. Desde su creación como Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo y su posterior nacionalización mediante un proyecto de ley en 2014, se ha posicionado como una opción de formación académica para los sectores más humildes. Es por ello que buscó "abrir las puertas a los barrios populares para que, desde su lugar, puedan formar conocimiento, mejorar su calidad de vida y construir políticas públicas".

A pesar de la escasa difusión pública sobre el tema, los estudiantes se sienten muy optimistas porque ven que la medida fue aumentando cada día el nivel de adhesión y apoyo no sólo por parte de la comunidad de la institución sino también por parte de centros de estudiantes de todo el país y extranjeros. “Nosotros vamos a resistir esta intervención porque tenemos una responsabilidad histórica no solo con las Madres sino con todo el pueblo argentino. Estos tipos vienen por los​ derechos​ del​ pueblo, nosotros lo entendemos así”, agregó Ceballos.

Por otra parte, los estudiantes denuncian que durante el primer día de la toma, alrededor de las 10 de la mañana, un funcionario del Ministerio de Justicia y DDHH, Pablo Echazain, ingresó a la universidad de manera violenta, con dos policías armados y sin autorización del rectorado ni de un juez competente. Los y las manifestantes repudiaron el hecho y ya se encuentran radicando la denuncia por la "violación de la autonomía universitaria por parte de un funcionario público". 

"Es un ensañamiento más con las Madres de Plaza de Mayo"

“Muchos hemos sido la primera generación de universitarios de nuestras familias”, expresa Mirella Lezcano, docente de Prácticas Territoriales de la carrera de Trabajo Social y egresada de esa casa de estudios, para ilustrar la importancia que tuvo, sobre todo en los sectores más vulnerables, la creación de universidades a lo largo y ancho del país durante la última década.

Matías Zapata, delegado del Centro de Estudiantes por la carrera de Trabajo Social, fue el encargado de responder a los diversos comunicados emitidos por el Ministerio de Justicia a lo largo de la semana. "Queremos dejar en claro que la universidad no maneja ningún tipo de presupuesto. Desde la reglamentación de la ley en el 2014, el presupuesto pasa por el Ministerio de Justicia así que en todo caso si hay irregularidades habría que reclamarle al Ministro de Justicia Germán Garavano”, sentenció.

Actualmente la comunidad educativa se encuentra en estado de asamblea permanente y discute día a día cómo continuar con el plan de lucha. “Hebe nos propuso que tengamos rebeldía y alegría”, se envalentonó Zapata. Por otra parte, exigen una reunión "inmediata" con el ministro Germán Garavano para revertir la situación. “Cuando se dignen a recibirnos discutiremos las cuestiones que tenemos que discutir y ahí veremos si levantamos la medida o profundizamos”, disparó desafiante Sarubbi.

La ruptura del diálogo entre el gobierno nacional y los organismos de derechos humanos se terminó de cocinar con la intención de hacer movible el feriado del 24 de marzo y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitaba el beneficio del 2x1 para los genocidas. Esta crítica situación en la IUNMa, sostuvo la representante estudiantil Belén Sarubbi, "es un ensañamiento más con las Madres de Plaza de Mayo". 

Rivas: "Quieren reducir el déficit fiscal a costa de los más vulnerables"

En contacto con El Grito del Sur, el ex diputado Jorge Rivas -referente de Socialismo para la Victoria- criticó duramente el intento de quitar más de 70 mil pensiones no contributivas a personas con discapacidad.

Allá por el año 2007, Jorge Rivas recibió un duro golpe durante un asalto que lo dejó cuadripléjico y en silla de ruedas. Al no poder hablar, se comunica mediante una computadora donde escribe lo que quiere decir y, a pesar de esta dificultad, se mantiene activo en la vida política. Entre 2011 y 2015 cumplió su mandato como diputado nacional siendo parte del Frente para la Victoria (FPV).

Como referente en temáticas de derechos sociales y discapacidad, Rivas fue contundente al enterarse de la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de quitar unas 70 mil pensiones no contributivas a gente con discapacidad. "No nos sorprende que el gobierno esté quitando pensiones no contributivas entregadas a personas con discapacidad. Es que hace rato dejó de ser una novedad que el gobierno de Mauricio Macri atropelle a los sectores más vulnerables y débiles", señaló.

Según Rivas, estamos frente a "una expresa voluntad política de reducir el déficit fiscal a costa de los más vulnerables, con absoluto desprecio de lo que manda la ley". Dichas pensiones están amparadas por la ley 26378 que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en 2006 por las Naciones Unidas.

Al igual que en otras medidas de vulneración de derechos por parte del gobierno de Mauricio Macri, se generó una fuerte reacción popular en contra de este tema. El día jueves miles de personas se concentraron en el Obelisco para repudiar la quita de pensiones, lo cual provocó que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley propusiera estudiar "caso por caso" en lo que se entiende como una posible marcha atrás en la decisión.

Rivas participó en la movilización y dejó un mensaje: "La Argentina ha vivido recientemente años de expansión de derechos, los de los gobiernos kirchneristas, con un Estado que intervenía en la vida colectiva a favor del pueblo. Tal vez por eso resulte particularmente intolerable la acción de un Estado tan dócil frente a los poderosos, y tan insensiblemente cruel con los más necesitados de nuestra sociedad".