La avanzada del gobierno nacional sobre los trabajadores estatales ya se llevó por delante más de 25 mil puestos de trabajo. Preocupación en los sindicatos, que ya concretaron medidas de fuerza. 

“No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis”. La frase que representa la política laboral del gobierno nacional fue pronunciada por el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Con las justificaciones en contra de la militancia, el “excesivo” tamaño del Estado y, sobretodo, los “ñoquis”, el gobierno de Macri lanzó una feroz avanzada contra el empleo público que, hasta los primeros días de febrero, ya se había cobrado más de 25.000 puestos de trabajo. 

Día a día se conocen testimonios de trabajadores apartados de sus puestos laborales que desmienten los argumentos oficialistas que reducen los despidos a “acomodados” del anterior Gobierno, que cobraban por no trabajar, o a quienes ingresaron en los últimos días de la administración saliente. El caso de Ivana, trabajadora del Museo Roca (dependiente del Ministerio de Cultura), es elocuente al respecto ya que afirma que “en un relevamiento que se ha hecho de los 500 trabajadores despedidos del Ministerio, casi el 80% teníamos contratos de principios de 2015. Lejos de esta idea de que todos entramos por la ventana cuando ya se sabía que la gestión se estaba yendo, yo entré en 2013″.  

El Ministerio de Trabajo es otro ejemplo que va en esa línea, ya que los 100 despidos (y las amenazas de otros por venir) se justificaron por el masivo ingreso de contratados en el 2015, pero Daniel San Martín, trabajador del Ministerio y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), explica que “la mayor parte del Ministerio de Trabajo no entró en el 2015, como hacen creer los medios. La mayoría de los trabajadores tiene cinco, diez e incluso veinte años de antigüedad”. 

Otro “justificativo” oficialista fue el planteo de la necesidad de “contratar gente idónea” bajo la supuesta afirmación de que los despedidos no cumplían con ese requisito. Sin embargo, también se difundieron casos de trabajadores altamente calificados para los cargos que desempeñaban y que, aún así, fueron echados. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Maia Goldin, empleada de Fabricaciones Militares y licenciada en Ingeniería Química con honores en la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien trabajó en proyectos relevantes en dicha dependencia. Ella, al igual que sus 140 compañeros, se enteró de su despido cuando fue a trabajar como todos los días y el personal de seguridad no la dejó ingresar. Esta metodología perversa de las “listas negras” se repitió en múltiples ministerios y municipios.

“Unidos y organizados”

Esta ola de despidos masivos trajo consigo un sinfín de protestas y movilizaciones organizadas por los trabajadores. Los reclamos apuntan a la reincorporación de los despedidos y la continuidad en su cargo de quienes aún no habían sufrido la política de Sin embargo, Eugenia, trabajadora del Ministerio de Trabajo, advierte sobre el peligro de que estas marchas proliferen por separado: “Quienes deben liderar estos procesos son las centrales sindicales. Durante estos meses se vio en la calle a los trabajadores de los ministerios y otros organismos intentando resolver los diferentes conflictos, pero de forma aislada. Y si en el mismo día hay tres marchas en lugares diferentes eso es un indicador de que no nos estamos organizando bien”.

En relación con este punto, Daniel San Martín destaca la necesidad de que los trabajadores de distintas dependencias puedan organizarse en forma conjunta: “En el Ministerio de Trabajo, tenemos cierta experiencia en la organización que hace que hoy estemos enfrentando un poco mejor los despidos y lo que se viene. También se han tejido lazos con otras comisiones internas, que se fueron ganando en este período. Además, se hicieron plenarios grandes con Cancillería, Ministerios de Justicia y Educación, y Promoción Social de Ciudad”.

En repudio al “ajuste laboral”  y a la precarización de los puestos de trabajo, reclamando la reincorporación de los despedidos y en el marco de la negociación de las paritarias, ATE realizó un paro el 24 de febrero con movilización a Plaza de Mayo, que contó con apoyos y adhesiones de distintos sectores políticas y sindicales. Eugenia subraya la importancia del paro como herramienta de lucha para “ganar a la calle y dar una gran demostración de fuerza de que los laburantes no estamos dispuestos a ser la variable de ajuste del Estado”. Por su parte, Pablo Micheli, líder de la CTA, aclaró que su organización “no descarta un paro nacional en marzo”. 

La reducción del déficit fiscal es otro de los argumentos esgrimidos por los funcionarios del Gobierno Nacional a la hora de despedir miles de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país pero, ¿cual es el impacto que esta reducción del personal estatal tiene en el gasto público? En principio, el Ministro de Economía, Alfonso Pray-Gay, informó hace algunos días que el “reordenamiento del Estado” implicará una reducción del déficit de 0,8 puntos porcentuales.

El problema de esta declaración es que incluye licitaciones de obras “irregulares” que según el Ministro, serán revisadas en el futuro, por lo que el porcentaje reducido que proviene específicamente de los despidos no es del todo claro. Por otra parte, esa política económica de “equilibrio fiscal” contrasta con otras decisiones relevantes como la quita de retenciones a varios productos agropecuarios y a la minería, que significarán una pérdida millonaria de recursos que el Estado dejara de recibir, que es mucho más significativa que todos los contratos de los trabajadores despedidos. O los subsidios que se siguen otorgando a las compañías petroleras.

Por otra parte, el mismo gobierno nacional no ha sido claro a la hora de comunicar números de despidos y revisiones de contratos. La política respecto al empleo público, en casi todas las dependencias, fue disparar primero y preguntar después. Muchos trabajadores todavía están esperando las tan anunciadas revisiones. Esto no parece coincidir con una corrección económica rigurosa, sino con una política agresiva de reducción del Estado, de persecución ideológica y de disciplinamiento de los trabajadores, en un contexto de ajuste que recién está dando sus primeros pasos.