«La mejor herramienta para la defensa es la información»

Abusos policiales, discriminación, violencia y estigmatización. De eso se trataba la vida cotidiana de las trabajadoras sexuales que, víctimas de zonas liberadas por los policías, se organizaron para conformar AMMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina , en 1994. En 1995 se incorporaron a la CTA, donde pudieron reconocerse a sí mismas como trabajadoras, ya que el Estado argentino no reconoce la actividad sexual como trabajo. Tampoco lo considera un delito. Pero eso sí: no está permitido. Y las consecuencias las sufren ellas: las que no gozan de obra social, y que en un futuro no gozarán de jubilación mientras no se reconozca como trabajo. Aparte de ser marginadas por la sociedad, de ser violentadas, de sufrir persecución laboral y estigma social.

Abusos policiales, discriminación, violencia y estigmatización. De eso se trataba la vida cotidiana de las trabajadoras sexuales que, víctimas de zonas liberadas por los policías, se organizaron para conformar AMMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina , en 1994. En 1995 se incorporaron a la CTA, donde pudieron reconocerse a sí mismas como trabajadoras, ya que el Estado argentino no reconoce la actividad sexual como trabajo. Tampoco lo considera un delito. Pero eso sí: no está permitido. Y las consecuencias las sufren ellas: las que no gozan de obra social, y que en un futuro no gozarán de jubilación mientras no se reconozca como trabajo. Aparte de ser marginadas por la sociedad, de ser violentadas, de sufrir persecución laboral y estigma social.

Entrevistamos a Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, quien comenzó a militar en la

organización en el 2010. A raíz de un problema con los vecinos de la zona donde ejercían el trabajo sexual, y, en búsqueda de un organismo que las ampare, encontraron en AMMAR un lugar de apoyo y, con el tiempo, la militancia. Durante sus primeras reuniones de los miércoles, se sorprendieron de la cantidad de compañeras que había en su misma situación. Ninguna tenía conciencia de sus derechos, creían que lo que estaban haciendo realmente estaba mal y que cometían un delito, que correspondía ser perseguidas y atormentadas por la policía.

 

Naturalizaban la violencia institucional, al punto que la policía llegó a ingresar a sus departamentos y llevarse sus objetos personales en falsos allanamientos. Fue allí que comenzaron a hablar de derechos, de salud, de la importancia de cuidarse a sí mismas y de la creación de talleres para generar herramientas para las compañeras. La asociación intenta dar recursos a las trabajadoras sexuales: “Vamos generando herramientas para que las compañeras defiendan su lugar de trabajo ya sea en la calle, por internet, o en un espacio privado. Entonces, la mejor herramienta para la defensa es la información” dice Georgina.

AMMAR como sindicato no tiene personería gremial. Esto constituye un vacío legal con el que tienen que lidiar siempre que las relega a la clandestinidad y. como mencionamos antes, las deja sin acceso a los derechos laborales. Así, AMMAR funciona como sindicato de hecho pero no de derecho.

A partir de la modificación de la Ley de Trata, en el 2011, explica Georgina, se equipara trata de personas con trabajo sexual y es por eso que las trabajadoras sexuales ven sus derechos aún más vulnerados .“Nosotras, con el tema de la trata de personas, lo que sentimos es que la mayoría de las estructuras del Estado que se crearon lo único que generó para nosotras fue mayor estigma social porque, hoy por hoy, la mayoría de la gente asocia prostitución con trata. Estos funcionarios deslegitiman las voces de las trabajadoras sexuales, no somos convocadas en ningún ámbito para poder discutir cuál sería la medida para combatir la trata de personas sin que esa medida nos termine clandestinizando a las trabajadoras sexuales, pero, sobre todas las cosas, con lo que nos encontramos es que la mayoría de estos funcionarios y funcionarias ya tienen una postura tomada con respecto al trabajo sexual, es una postura abolicionista y por eso se oponen a hablar con nosotras. Creemos que es un grave error porque desde su lugar deberían legislar para todos y todas, inclusive para las trabajadoras sexuales más allá de que la postura de ellos sea otra. Si hay un sujeto político que te está diciendo ‘yo soy trabajadora sexual, no quiero que me cierren mi fuente de trabajo’; me parece que el Estado debería estar presente ahí para garantizarle los derechos a esa trabajadora en vez de quitárselos y empujarla a una mayor prohibición.” Georgina enfatiza en que no les dan el lugar para decidir, anulando la voz de un sector de trabajadoras que existe y que lucha para no ser invisibilizado.

A partir de toda esta lucha que se viene dando desde hace varios años, AMMAR presentó un proyecto de ley en el año 2013 a nivel nacional. Este es un proyecto que busca regular el trabajo sexual autónomo, contemplando un marco legal hacia el trabajo de mujeres, mujeres trans y hombres mayores de edad que por decisión propia y de forma voluntaria ejercen esta actividad. Georgina explica: “Buscamos la vía de los trabajadores autónomos, que se registren a través del monotributo, en una nueva categoría. Lo que las compañeras aporten al Estado será independiente de cuánto recauda cada una por mes y eso le daría la posibilidad de acceder a derechos como la obra social y poder comenzar a realizar los aportes jubilatorios”.

 

También proponen la creación de un registro único de trabajadoras sexuales que dependa del Ministerio de Trabajo donde puedan demostrar que no son víctimas de trata y la consiguiente posibilidad de la creación de una Oficina Nacional de Protección al Trabajo Sexual para velar por sus derechos. La oficina estaría integrada por un delegado del Ministerio de Trabajo, un delegado del Ministerio de Desarrollo Social, un delegado del Ministerio de Educación y tres delegados de organizaciones de trabajadoras sexuales y/o trabajadores que también puedan plantear el tema de las inspecciones a los lugares habilitados como cooperativas sexuales con nombres de fantasía y que el Estado pueda aplicar una multa o darle de baja a una cooperativa en la que no se han adecuado a las condiciones que tienen que tener para tener habilitado el lugar. La charla va llegando a su fin y Georgina expresa con firmeza: “las mujeres no les estamos pidiendo ayuda, les estamos pidiendo que respeten que acá hay un sector organizado y que quiere poder acceder a derechos laborales”.

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