El dato surge del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que destaca que desde la reapertura del proceso de enjuiciamiento en 2006 –posible a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, en 2001, y de su anulación definitiva 2003– fueron imputados por crímenes de Lesa Humanidad un total de 2780 personas. Los 750 condenados – y otros 77 absueltos –, aclara el informe, “son el resultado de las 175 sentencias dictadas desde 2006” y representan apenas el 30 por ciento del total de militares, policías, eclesiásticos y civiles imputados, lo que deja al descubierto las enormes dificultades que enfrenta el avance de los juicios.
Transcurridos diez años de un proceso que es ejemplo a nivel internacional, apenas 455 de los condenados está preso efectivamente en cárceles federales. El resto cumple prisión domiciliaria o en centros de salud o detención no penitenciarios, como la unidad 34 de Campo de Mayo. “Los imputados que transitan el proceso en libertad son más que los que se encuentran detenidos y entre los que están encerrados, la mayoría está en su domicilio”, reza el comunicado difundido esta semana por la procuraduría que conduce el fiscal general Jorge Auat. Hay, además, 45 procesados que están prófugos.
El informe señala que hay 16 juicios en curso en todo el país; que unas 118 causas -con 280 acusados- aguardan todavía el comienzo de un juicio oral y público, y que sólo siete de ellas tienen ya fecha de inicio.
«El universo de causas en instrucción se sostiene como el más amplio. El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz», evaluó la Procuraduría en el informe.
A 41 años del golpe, aún queda pendiente el juzgamiento y la condena de los cómplices civiles y eclesiásticos, y del sector empresario que promovió, participó y usufructuó el terrorismo de Estado.
