Ante la ausencia de estadísticas oficiales serias, las organizaciones sociales que trabajan en la problemática de situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires decidieron realizar su propio censo. Será en abril y con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Asesoría General Tutelar y la Auditoría porteñas. «Todos los años el Gobierno de la ciudad realiza un conteo de las personas que duermen en la calle. La cifra que ellos brindan no da cuenta del problema. Por eso consideramos necesario que las organizaciones salgamos a la calle a realizar ese relevamiento, no sólo en términos cuantitativos sino cualitativos, para determinar cuáles son las necesidades que hay», señaló Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, una de las 20 organizaciones que participarán de la iniciativa.
La elección del mes de abril para realizar la tarea no es casual. Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño a la agencia Télam, el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta tiene previsto concretar el censo oficial para esa fecha. Ávila aseguró que el objetivo de las organizaciones es “comparar los datos” que arrojen uno y otro relevamiento.
Entre los números que maneja el gobierno y las organizaciones hay una distancia abismal. El subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Maximiliano Corach, afirmó a mediados del año pasado que en el censo de 2015 se registraron 850 personas en situación de calle, muy lejos de las entre diez y veinte mil que calculan extraoficialmente Proyecto 7, Médicos del mundo y otras agrupaciones.
La diferencia entre ambos números disparó una polémica. Ávila y otros referentes reclaman al ejecutivo porteño el incumplimiento del artículo de la ley que garantiza los derechos del colectivo (Ley 3706), que establece específicamente que el censo debe contemplar tanto a las personas en situación de calle como a aquellas “en riesgo de la situación de calle”. Como el gobierno pasa por alto ese apartado, explican las organizaciones, las cifras oficiales niegan la magnitud del problema, lo que dificulta en consecuencia la concreción de políticas públicas orientadas a combatirlo.
El gobierno sostiene que la cifra es similar todos los años. “Son 800 y pico, el número se mantiene estable” aseguró Rodríguez Larreta a mediados del año pasado desde la mesa de Mirtha Legrand. No sólo las organizaciones ven otra realidad. Recientemente, el coordinador del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, Cristian Gruenberg afirmó que “las ranchadas se han multiplicado en el último tiempo por toda la ciudad, producto del ajuste”. El informe sobre pobreza difundido recientemente por la UCA señala que durante el último año y medio hay 350 mil nuevos indigentes en todo el país.
El número difundido por Corach motivó la presentación de un amparo judicial al que dio lugar la jueza María Elena Liberatori, quien obligó al gobierno porteño a rehacer la medición del año pasado. Según pudo saber el Grito del Sur, Corach acató el fallo de la jueza y le entregó un nuevo resultado, cercano a las 3 mil personas.
Otro de los temas que preocupa a las organizaciones es la violencia contra las ranchadas, un clásico de la gestión Pro. El Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa registró el año pasado al menos cinco casos de agresiones injustificadas ejercidas por oficiales de la Policía Metropolitana contra personas en situación de calle. En algunos de esos episodios, participaron funcionarios y empleados del ministerio de Espacio Público, del que dependía de la disuelta patota estatal de la UCEP, por cuyo accionar está procesado Fabián Rodríguez Simón, diputado de Cambiemos por el Parlasur y uno de los principales asesores jurídicos del presidente Mauricio Macri. Preocupados por el recrudecimiento de la violencia, el Ministerio Público –que también participará del censo – lanzó la campaña “¿Te paró la policía?” (desde el 0800-Defender) para brindar asistencia integral a personas en esa situación.
