Desde la aprobación de la ley del Distrito de las Artes en el año 2012, en el barrio de La Boca florecieron los negocios inmobiliarios y los desalojos se multiplicaron, generando la expulsión de 1200 vecinos y vecinas, durante el 2016 y lo que va del año. Próximamente pueden quedar en la calle otras 300 familias.
«Ante este proceso de vulneración de los derechos básicos de gran parte de un barrio, en el que miles de familias habitan viviendas en situación de hacinamiento y con estructuras obsoletas, y donde los recurrentes incendios destruyen hogares y se llevan vidas, principalmente de niños y niñas», el Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca -que integra La Boca Resiste y Propone- presentó ayer en el salón Jauretche de la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca declarar la emergencia habitacional en La Boca por 5 años desde la fecha de promulgación de la ley. Esto significa, entre otras cuestiones, suspender los desalojos en inmuebles que pertenezcan al Gobierno de la Ciudad. Y en los casos de desalojos de inmuebles que tramiten ante la Justicia Nacional o Federal, el Gobierno porteño deberá presentarse en el marco de la causa judicial para solicitar la suspensión del desalojo o el trámite en curso. Además el GCBA deberá garantizar a cada familia que se encuentre en emergencia habitacional una solución habitacional definitiva; todos los gastos relacionados (mudanza, gastos de escrituración, etc.) estarán a cargo del GCBA.
Los beneficiados por la sanción de la Emergencia Habitacional serían: habitantes de casas o edificios que estén en proceso de desalojo; ocupantes de viviendas en situación de hacinamiento, inhabitables u obsoletas; alojados en hoteles y pensiones; personas en situación de calle o en riesgo de estar en esa situación; habitantes de asentamientos, villas y Núcleos Habitacionales Transitorios. Los integrantes de La Boca Resiste y Propone justifican su iniciativa en el hecho de que «el impulso del Estado al mercado inmobiliario, que incluye la venta de tierras públicas como las de Casa Amarilla y que busca transformar a La Boca en una extensión de Puerto Madero, constituye, para las familias que viven en el barrio, la expulsión de sus hogares, ya sea por los desalojos o por el aumento del costo de vida».
«Nos resistimos a la mala política y al incumplimiento de los deberes de nuestros funcionarios y proponemos asumir nuestro lugar en la lucha por el derecho a una vivienda digna con la mayor de las responsabilidades. Por eso consideramos que es imprescindible y urgente la aprobación de este proyecto de ley por parte de las y los diputados porteños, representantes de todas y todos los que habitamos el suelo de esta Ciudad», sostuvieron los integrantes del Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca.
