ACUMAR es el organismo público tripartito creado en el año 2006, que tiene a su cargo la recomposición y la prevención del daño ambiental en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, comprendida por la ciudad de Buenos Aires y 14 municipios de la provincia de Buenos Aires. En su página institucional declara que “trabaja para sanear la cuenca y así mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas, preservando el derecho de las generaciones actuales y futuras a vivir en un ambiente más sano”.
Sin embargo, los vecinos de Lanús están profundamente indignados por la inacción de dicho organismo para intervenir en el territorio y cumplir con los objetivos que le fueron asignados. Cabe recordar que ACUMAR se encuentra judicializado desde el año 2008, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico que obliga a que lleve a cabo un programa cuyos objetivos son: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo); y 3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Ya en la edición de marzo de elgritodelsur.com.ar, habíamos denunciado “la no renovación de contratos” o el despido de 56 trabajadores del área de Salud Ambiental de ACUMAR. Como allí explicábamos, los trabajadores despedidos realizaban atención primaria de la salud en los lugares más vulnerables de la cuenca, como también investigación epidemiológica.
El día jueves 18 de mayo, Página 12 le dedicó la tapa de su edición impresa a “ACUMAL”, o ACUMAR, para denunciar el vaciamiento del área de salud y la disminución de las políticas públicas sanitarias que venía realizando el organismo: se redujo un 60% la atención a la población que vive a orillas del Riachuelo. Recordemos que -lo dice la página web institucional- ACUMAR cuenta con 12 Unidades Sanitarias Móviles “que permiten llevar adelante operativos de salud, basados en el principio de atención integral de salud a la población de la cuenca y efectúan intervenciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud”.
Esas unidades sanitarias que los vecinos de Lanús, y de los otros municipios de la cuenca también, se habían acostumbrado a recibir en sus barrios hoy prestan sus servicios en un 60% menos. Esto implica menos cantidad de personas vacunadas, menos controles de salud de la mujer, menos controles oftalmológicos y odontológicos… en fin… menos salud para los más vulnerables de la cuenca.
Lo que se está dando a entender con estas no acciones de la gestión macrista en ACUMAR, es que, a pesar de contar con el equipamiento necesario para hacerlo, no consideran ni una obligación ni una prioridad la atención primaria de la salud. Seguramente, se espera que los municipios en cuestión o el Ministerio de Salud de la Nación se ocupen de eso.
No obstante, resulta imperioso recordar algunas situaciones estructurales que se están dejando pasar en este tema: por una parte sabemos que, desde la reforma estatal de corte neoliberal de los años 90, el Estado Nacional descentralizó muchas de sus funciones derivándolas a las provincias y municipios -dentro de ellas, la salud de la población-, y que gracias a esa descentralización las jurisdicciones deben cubrir de sus presupuestos sus propios gastos.
También sabemos que la mayor cantidad de profesionales de la salud residen en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Con lo cual, los municipios no cuentan ni con los recursos económicos ni con los profesionales como para resolver el déficit sanitario prevaleciente en el territorio de la cuenca Matanza Riachuelo.
Asimismo, está demostrado que las enfermedades de la pobreza son las más complejas y siniestras, ya que en esa condición de vulnerabilidad un cáncer, tuberculosis o simplemente una neumonía mal curada es sinónimo de muerte. Por esas razones, este abandono del Estado hacia la población de la cuenca es indignante: para que una familia pobre del conurbano logre atenderse en un hospital público debe sortear obstáculos de lo más irrisorios: ir hasta el hospital a sacar turno, tratar de que coincidan las fechas del turno para todos los miembros de la familia y así evitar el gasto de transporte en ir y volver, que sea en un horario que no se superponga con la jornada de trabajo, etc. Situaciones que quienes no las padecen, no tienen ni idea.
Las 12 Unidades Sanitarias Móviles, de las cuales 6 son para atención primaria de salud, 2 de odontología, una de “Evaluación del crecimiento y desarrollo”, una de diagnóstico por imágenes, una de oftalmología y una de zoonosis, han estado durante los últimos años realizando intervenciones integrales de asistencia a las poblaciones vulnerables, que articulaban la atención médica y pediátrica, la salud de la mujer, campañas de vacunación, atención psicológica, evaluaciones oftalmológicas con entrega de lentes, estudios complementarios de imágenes como radiografías, ecografías y mamografías.
En muchos casos, se atendían a personas que nunca habían ido al médico. Y que la posibilidad de tener “a los médicos en su barrio” les garantizaba la provisión de vacunas y controles básicos. Es un grave error de índole epidemiológico que la gestión macrista no conciba como una alarma la falta de atención primaria de la salud de los habitantes, con los perjuicios sanitarios -y ambientales- que puedan devenir de la falta de prevención y cuidados de la salud.
Al mismo tiempo, los vecinos de Lanús están esperando una respuesta sobre 2 temas cruciales que se vinculan con la política habitacional y usos del suelo: ¿Qué planean hacer con la otra orilla del Riachuelo que mira justo hacia la Villa Olímpica planeada para los Juegos Olímpicos Juveniles 2018? ¿Qué van a elegir, el más bello paisaje natural o urbanizar las villas de Lanús? ¿Cuál es la opción que más les agrada para utilizar el espacio del predio de Fabricaciones Militares, la construcción del Puente Lacarra o la construcción de 500 viviendas para las familias de Lanús en emergencia habitacional? Los vecinos saben la respuesta; al igual que en políticas de salud, ACUMAR responde: “te la debo”.
