Los abogados de la dirigente fueron notificados hace pocas horas y aun no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan, que viola la cautelar dictada por la CIDH en julio de este año. La medida aún no está vigente -podría hacerse efectiva en 15 días- y la defensa presentará un recurso con efecto suspensivo.

La Cámara de Apelaciones notificó a la defensa de Milagro Sala una resolución según la cual “revoca in totum la prisión domiciliaria de Milagro Sala” dictada por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos, y dispuso el reingreso de la diputada del Parlasur a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero. La decisión de la Cámara ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 27 de julio dictaminó la cautelar que obligaba al Estado argentino liberar a la dirigente social. “Es una jugarreta del Gobierno, (el gobernador, Gerardo) Morales me tiene miedo y no quiere que hable con la prensa, me quiere poner una mordaza”, denunció la dirigente en declaraciones televisivas, y relacionó la medida con la represión que comandó el gobernador contra los obreros azucareros de Ledesma, en huelga desde hace dos semanas.

Los abogados de Sala fueron notificados recién este viernes a las 19 horas y aun no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan. La defensa informó que no se debería hacer efectivo el traslado en virtud que los abogados recurriran la medida que, según el Artículo 443 del Código Procesal Penal prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada. “Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH”, señalaron desde la Tupac Amaru.

En el mismo sentido se expresó una de las abogadas de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, quien aclaró que “la resolución no está firme”, y que la defensa tiene quince días para apelar la decisión, plazo a partir del cual recién entraría en efecto si así lo dispone la justicia jujeña, que, como se sabe, maneja el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales.

“Es una medida perversa, un avasallamiento más a los derechos de Milagro”, redondeó la abogada.