Recientemente un hombre de 32 años se negó a pagar la pizza en la estación Constitución y fue masacrado por la Policía de la Ciudad. Algo que podría haberse resuelto a partir de la simple mediación o el arresto, condujo a un escenario de muerte con las fuerzas policiales nuevamente como protagonistas.

Los confusos acontecimientos ocurridos recientemente en la estación Constitución dejan mucha tela para cortar sobre el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Casi a la medianoche del miércoles 18 de octubre, un hombre de 32 años se negó a pagar la comida en el local gastronómico Roca&Pizza y, luego de producirse un “enfrentamiento” con integrantes de la Policía de la Ciudad, fue masacrado. Los responsables del hecho se refirieron con suma liviandad a la muerte generada: se trataría -según el parte oficial de la institución policial- de un “accidente” tras un intento de arresto “utilizando la fuerza mínima e indispensable”.

En una nota publicada en el diario Crónica el día posterior a los acontecimientos, testigos relataron que “a los policías se les fue la mano. El hombre tenía la cabeza reventada. Vimos que le pegaban con una radio. Fue una situación horrible”. A pesar de recibir tareas de reanimación y masajes cardíacos por parte de los mismos efectivos que lo habían golpeado hace unos instantes, la víctima -de origen paraguayo- falleció en el hospital Argerich por un paro cardiorrespiratorio.

Seis efectivos se encuentran ahora bajo investigación, mientras que el bloque FPV elevó un pedido de informe en la Legislatura de la Ciudad en el que solicitan conocer “cuál fue el motivo de la intervención policial, detallando si la misma se inició de oficio por presencia policial en el lugar o si los agentes acudieron ante un llamado”.  Desde la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI) repudiaron el hecho y pidieron que las autoridades tomen las medidas correspondientes: “Resulta imprescindible denunciar y visibilizar el accionar violento de los agentes policiales y la violación a los derechos humanos de los/as ciudadanos/as por parte de los mismos. Es necesario, asimismo, que la justicia y las autoridades a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad individualicen e investiguen a los agentes policiales implicados en el accionar violento y que se los sancione individual y administrativamente, porque la impunidad en casos de violencia institucional, es uno de los elementos que garantiza la reproducción de los mismos“.

De victimario a víctima. De negarse a pagar una pizza a ser asesinado por la policía. Algo que podría haberse resuelto a partir de la simple mediación o el arresto, condujo a un escenario de muerte con las fuerzas policiales nuevamente como protagonistas. Esto no es nuevo, pero en los últimos meses se puede dar fe de una escalada represiva producto del contexto político: el punto más crítico y preocupante fue, sin lugar a dudas, la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de Gendarmería. Párrafo aparte para el rol encubridor de los grandes medios de comunicación, que hicieron foco durante toda su cobertura en el no-pago de la pizza y en una supuesta “discusión” con la policía que, mágicamente, vino acompañada de muerte. A esos policías que “se les fue la mano” hay que juzgarlos no por una discusión, sino por un nuevo (y grave) caso de violencia institucional.