Durante la XXVI Marcha del Orgullo, la cartera de seguridad conducida por Patricia Bullrich recibió fuertes cuestionamientos de las organizadoras de la movilización por el anuncio de un controversial protocolo para la detención de personas pertenecientes al colectivo LGBT.

En la previa de la Marcha del Orgullo número 26 que aconteció el pasado 18 de noviembre, el Ministerio de Seguridad de la Nación -conducido por Patricia Bullrich- publicó en el Boletín Oficial el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T”. Allí el Gobierno articuló la forma en que deben actuar las fuerzas de seguridad frente a la detención de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis y transgénero. Esta nueva normativa establece que el personal femenino será el encargado de proceder ante una posible detención y que la persona detenida será alojada en una celda aparte, en caso de que fuese necesario. ¿Necesario? ¿Para quién?

Después de años de avanzar y conquistar derechos en materia de géneros, este protocolo resulta un retroceso. No caben dudas que se está considerando así a la persona con una disidencia sexual como algo distinto, que no podemos tener cerca. Esa otredad que está fuera de la norma y que representa un peligro para el orden establecido.

El protocolo también peca de discriminatorio. Después de décadas de lucha por la búsqueda incansable de igualdad de condiciones para personas homosexuales y trans, ¿por qué algún inconveniente podría requerir un tratado especial? Distintas organizaciones de la comunidad LGBT repudiaron el protocolo porque, además de lo ya mencionado, confunde conceptos como identidad sexual y orientación sexual.

“El protocolo de Bullrich desconoce ideas y conceptos básicos de la diversidad sexual.  Además, apunta sólo a reprimir a nuestra comunidad en vez de crear políticas públicas que frenen la violencia y discriminación para con nuestro colectivo, especialmente para la comunidad trans que históricamente sufre la violación sistemática de sus derechos. El protocolo se emite nada más y nada menos que en el mes del Orgullo, pretendiendo crear un clima de miedo para la marcha”, contó a El Grito del Sur Juan Ignacio Marasco, secretario de Cultura de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT).

Según la ley, el efectivo debe “consultar a la persona a requisar cuál es su autopercepción de género” y deja explícita que la pregunta sobre la autopercepción debe realizarse con “tono calmo y voz clara”, por si quedaba alguna duda sobre el tipo de trato que debían dar los oficiales.

Franco Bova estudia medicina y es militante de Nuevo Encuentro. Para él, el protocolo no hace ningún aporte, y lo recibió como una intimación a pocos días de que llegara la Marcha del Orgullo. “Por primera vez tengo miedo de ir a la marcha. Me resulta difícil creer, como a muchxs, que el protocolo es casual, además de la negativa del Gobierno a darnos el escenario en el Congreso para las actividades, y el presupuesto”, concluyó.

Este año la marcha fue diferente. Después de 12 años consecutivos, esta vez el Ministerio de Cultura de la Nación decidió no ceder los insumos para montar el escenario donde tradicionalmente se cerraba la marcha entre brillos, música y festejos. El protocolo de seguridad para personas LGBT y la negativa de prestar el escenario, entre una serie de medidas que se vienen desplegando, no hacen más que demostrar que la ampliación de derechos para el colectivo de diversidad sexual no está contemplada en las políticas de este gobierno. Sin embargo -y aunque lo intenten-, no podrán quitarnos ni la felicidad ni el orgullo de sabernos inclusivas e inclusivos.