En el marco de diferentes movilizaciones en contra de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y de la reforma de la Ley de Salud Mental, la presidenta del Centro de Estudiantes de Psicología (UBA) reflexiona acerca del tipo de cambio que propone el gobierno nacional en este ámbito y a qué intereses responde.

Por Sara del Valle*

El macrismo llegó al gobierno en 2015 con la idea del “cambio”: transformar la Argentina, según nuestro presidente. Conservar lo que estaba bien, cambiar lo que estaba mal. La salud pública y universal es una de las grandes conquistas de nuestro pueblo. Derecho que se ha naturalizado. La salud es pública, y así es y será… pero no olvidemos, llegó el “cambio”.

CAMBIAR lo que estaba mal… ¿o no?

El último Ministro de Salud del gobierno kirchnerista, Daniel Gollán, enfocaba las acciones del Ministerio desde una perspectiva sanitarista. Esta corriente prescribe un Estado garante del derecho a la salud haciendo foco en la APS (Atención Primaria de la Salud). Dicha estrategia entiende a la comunidad como un actor fundamental en el proceso de salud. Por ende, se acercan herramientas de prevención, se capacita a los ciudadanos/as y se los incluye en acciones generadoras de salud, dándoles un rol activo en la cura y prevención de enfermedades. De esta manera, no sólo se evitan numerosos padecimientos, sino que se genera una reducción del gasto en materia de salud: si la gente no se enferma, no necesita de tratamientos complejos ni de medicación en muchos casos. Pareciera una cuestión simple, pero cuando la idea es vender insumos médicos, y engordar las arcas de las farmacéutica, es necesario un “cambio”.

Fiel a su discurso, el gobierno de Cambiemos se ha propuesto un cambio de paradigma en materia de salud. Se nos había prometido conservar aquellas medidas y programas que la anterior gestión había aplicado con acierto. Por lo tanto, no está de más hacer un breve racconto de aquellos programas que cambiaron. El Plan Remediar, que dependía del Ministerio de Salud y estaba en vigencia desde 2001, contenía 74 medicamentos esenciales en su vademécum y le garantizaba el acceso a 16 millones de argentinos en cualquier punto del país. El gobierno bajó el número de remedios en stock a siete porque busca que las provincias se hagan cargo de la compra. Otros dos programas de salud que se achicaron: el SUMAR, que brinda cobertura de salud a niños, adolescentes, embarazadas, hombres y mujeres de hasta 64 años, y el Plan “Argentina Sonríe”, que dio atención odontológica gratuita a casi 32 mil personas. Además, el gobierno suspendió la entrega de sesenta mil kits del Programa de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido “Qunita” a familias de bajos recursos. El Presidente modificó el Decreto N° 357/2002 que reglamentaba la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Mediante el decreto 114/2016 dejó de darle prioridad al programa, que era de alcance nacional.

El mayor horror cometido hasta el momento en materia de salud se ha conocido hace algunos meses: la CUS (Cobertura Universal de Salud). Este programa es básicamente un seguro médico con una canasta de prestaciones básicas, que se otorga a aquellas personas que no cuentan con obra social o medicina prepaga. Los servicios de salud que queden por fuera de la canasta básica deberán ser abonados del bolsillo del usuario. Hagamos una necesaria traducción criolla: lo que no esté cubierto en el rimbombante, lo vamos a tener que pagar. Sí, en el hospital público vamos a tener que pagar. Pobre de aquellos y aquellas que no lleguen siquiera a contar con su carnet.

La CUS echa por tierra el derecho universal a la salud que es uno de los grandes orgullos de la Argentina. De esta forma el Estado deja de ser garante de un derecho y la acción de políticas públicas en salud se ve mediada por empresas privadas que lucran con nuestras enfermedades. De esta manera, cambiamos la palabra derecho por la de prestación. Algo que era posesión de todos pasa a ser objeto de aquellos pocos que puedan pagarlo. Lo colectivo se desdibuja junto con el nosotros: MI carnet, MI cobertura.

Hace pocos días se conoció el ¿último? gran ataque hacia el campo de la salud pública a partir de un borrador que busca modificar a partir de un decreto la Ley Nacional de Salud Mental 26657 (y lo de borrador se agregó gracias a la reacción inmediata de repudio de organizaciones sociales, profesionales, trabajadores, estudiantes y usuarios del campo de la salud mental).

La Ley 26657, sancionada en el año 2010, vino a plantear un avance en el tratamiento del padecimiento mental. Ésta ubica a los sujetos del padecimiento mental como sujetos de pleno derecho, puesto que entiende que dicho sufrimiento psíquico se da como producto de múltiples factores: sociales, políticos, económicos, psíquicos y biológicos. Por ende, para abordar el proceso de cura es necesario ubicar todas estas dimensiones (vivienda, trabajo, educación). Entonces el tratamiento del padecimiento no queda restringido al ámbito hospitalario, sino que se enmarca dentro de la comunidad con la intención de incluir al sujeto “padeciente”. Si entendemos un sujeto histórico ubicado en un determinado contexto, de aquí se desprende que el tratamiento debe ser transversal a muchas disciplinas (trabajo social, musicoterapia, artes plásticas, diseño, educación) para enriquecer desde todas sus aristas al sujeto.

Este atroz decreto echa por tierra y desnaturaliza el contenido de la ley vigente. Por un lado, cambia la concepción de padecimiento por la de trastorno y ubica al sujeto como objeto de prácticas médicas científicas, restringiendo la entrada de otras disciplinas al proceso de cura. De esta manera, se aísla a la persona padeciente y se la ubica en un rol pasivo respecto de su propia salud (ya que sólo estaría en manos de “expertos”), excluyéndose a la comunidad del proceso colectivo que implica la cura.

La ley 26657 fue producto de una larga batalla dada por asociaciones de usuarios y familiares, organizaciones sociales/políticas y profesionales de la salud. Su confección también se enmarca en una discusión colectiva basada en experiencias y necesidades de quienes se encuentran atravesados por el modelo médico-hegemónico manicomial. El gobierno nacional elaboró este “borrador” a espalda de los actores del campo de la salud y lo dejó en manos de las corporaciones médicas y farmacéuticas. Si hablamos de negocios, el tratamiento de la salud mental se presenta como un campo fértil para la industria de medicamentos.

La hora del CAMBIO

Cada gobierno no se compone solamente de sus ministerios y dependencias; también tiene como eje rector un proyecto político a cargo de la coalición de turno que detente el poder. La gestión macrista cuenta con un proyecto bastante claro a dos años de su asunción. Un Estado ausente que se corre de la garantía de los derechos ciudadanos para hacer el caldo gordo de los negocios de grandes empresas. Su perspectiva ideológica es el desmantelamiento de la organización y la participación de la sociedad para la resolución de conflictos, ya que apunta a un ordenamiento social basado en lo individual. La palabra meritocracia suena muy fuerte en nuestras cabezas: para llevar adelante dicho proyecto, es necesario que circulen determinados discursos que generen ciertas subjetividades que sostengan dicho ordenamiento. Se busca el repliegue de cada uno de nosotros y nosotras a la esfera personal, abandonando el campo de lo público, dejando de lado aquellos espacios que nos encuentran con los otros, tan diversos, tan distintos pero a su vez tan humanos como nosotros.

El artículo 3 de la Ley Nacional de Salud Mental dice: “Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas”. Yo me pregunto si no se puede partir de creer en la capacidad de transformar la realidad de cada sujeto, que es lo que nos hace humanos. Quienes nos gobiernan hoy en día no hablan de un CAMBIO REAL, sino de la reproducción de ciertas lógicas que, a lo largo de la historia, sólo han generado pobreza, desigualdad y exclusión. Enmascarados con la bandera del “cambio”, nos sacan derechos, nos quitan conquistas populares, cierran espacios de discusión y de encuentro: aquí es donde se gesta el sujeto crítico, aquel que no deja pasar la realidad ante sus ojos y que se entrelaza con ella para modificarla.

Pero cuidado vendedores del “cambio”, “¡aquí hay un pueblo digno!”. Un pueblo que sale a las calles ante cada embate, un pueblo que sí quiere un CAMBIO.

*Presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología (UBA)