Pocos días antes de las fiestas, el Gobierno se despachó con un ajuste brutal sobre las jubilaciones aplicado a sangre y fuego. Crónica de un diciembre violento, en el que Cambiemos mostró su verdadera cara, y que va a costar olvidar.

Cuando el entonces presidente Nicolás Sarkozy avanzó en 2010 con la intención de elevar la edad jubilatoria de 60 a 62 años, Francia ardió durante 50 días. Entre principios de septiembre y fines de octubre de ese año, los principales sindicatos franceses paralizaron el país. Lanzaron una huelga general indefinida y protagonizaron movilizaciones de millones de personas. El parlamento francés aprobó el ajuste en medio de una feroz represión, cuyas imágenes viajaron por el mundo. Sarkozy nunca pudo recuperarse del desplome de su imagen.

Una derrota similar sufrieron ese mismo año los trabajadores griegos, aunque con la mediación de una violencia mayor. El recorte jubilatorio había sido condición del FMI para aprobar un “salvataje” financiero y evitar que Grecia abandonara el Euro. El saldo de la represión a las protestas contra el ajuste fue de -al menos- tres muertos. Desde entonces, hubo otros 12 recortes a las jubilaciones en apenas siete años, entre 2010 y 2017. Los sucesivos gobiernos explicaron cada uno de los 13 garrotazos como una decisión dolorosa pero inevitable y generaron más de una crisis institucional.

Por la misma situación pasaron otros países europeos como España e Italia, y otros tantos alrededor del planeta. ¿Quién podía arriesgar que en Argentina, que ostenta los mayores niveles de sindicalización de América Latina y una red de organizaciones sociales y solidaridad civil inédito en el mundo, podía darse de forma pacífica un ajuste de 100 mil millones de pesos en las jubilaciones?

Nadie. Al menos, la violencia que se desató en las calles a fines diciembre frente al Congreso no escapó al cálculo de la dirigencia política. Los primeros indicios de que Mauricio Macri tomó la decisión de reprimir las protestas contra la hasta ahora reforma insignia de su gobierno quedaron al descubierto un día antes de la bisagra del jueves 14 de diciembre: en la víspera de la primera sesión -desde ahora, la sesión fallida- Gendarmería disparó balas de goma y gases lacrimógenos y dispersó a un grupo de manifestantes nucleados en la CTEP, la CCC y Barrios de Pie que intentaron montar un acampe frente al Congreso en forma de vigilia. De haber podido plantar el acampe, las organizaciones hubieran podido evitar el monumental vallado que cercó las inmediaciones del parlamento para las sesiones del 14 -la fallida- y del 18 -la definitiva-.

Ese dato -o en todo caso, esa suposición- viene a cuenta de que también la oposición tomó la decisión de forzar en las calles una represión que obligara al Gobierno a afrontar el costo político de una salvajada como la que finalmente produjo, fumigando literalmente una movilización masiva como lo hizo el 18, en la que no hubo muertos de pura casualidad.

El Gobierno llegó al poroteo previo a las sesiones que consagraron el ajuste con un acuerdo sellado con un grupo numeroso de gobernadores del PJ. Lo aceleró la foto de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Fue el 7 de noviembre, en el despacho del supremo. La foto heló el espinazo de los gobernadores: fue interpretada como un gesto político en relación al reclamo histórico de Buenos Aires sobre el Fondo del Conurbano, judicializado desde la época de Duhalde. Si la Corte fallaba a favor de Vidal, el resto de las provincias deberían ceder más de 85 mil millones de pesos de coparticipación, lo que provocaría una crisis financiera en todo el interior. Esa foto llevó a los gobernadores a sentarse en el sillón del Ministro de Interior, Rogelio Frigerio, donde se empezó a sellar el acuerdo: el Gobierno no le tocaría a las provincias un sólo peso, pero los gobernadores aportarían a cambio los votos de sus senadores y diputados a por lo menos dos de las leyes que el Gobierno pregonaba: la reforma -o ajuste- fiscal y la reforma -o ajuste- jubilatorio. Con los fondos de la Anses -los fondos de los jubilados, pensionados, ex combatientes de Malvinas, personas con discapacidad y beneficiarios de la AUH- se pagarían los platos rotos de la política.

El acuerdo, que tuvo no obstante sus idas y vueltas, forzó al resto de la oposición a acudir a las calles. El gobierno llamó a extraordinarias, con los números a favor. La primera prueba fue en el senado, donde pasó por un tubo. El titular del bloque del PJ, Miguel Ángel Pichetto, dijo: “Ojalá no tuviéramos que estar votando estas leyes”. Fue el primer aviso. Ese día se juntaron en la calle el sector más combativo de la CGT -la Corriente Federal y Camioneros- junto a ambas CTA, con la ausencia estruendosa del triunvirato conformado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, desairados días antes por el Papa Francisco, que se negó a recibirlos en el Vaticano. El triunvirato tuvo que ceder a la presión y emitió primero un tibio comunicado en rechazo al ajuste como forma de salir de un incómodo silencio para más tarde amagar con un paro nacional si la reforma salía. La reforma salió, pero el paro apenas se sintió.

Los que pusieron el cuerpo en la calle fueron otros. El 14 se vieron marchar juntas a seccionarles de base de la CGT que durante años tuvieron más conflictos internos que coincidencias en espacios de lucha. Las CTA y las organizaciones sociales completaron el cuadro. Cerca del mediodía, empezaron los piedrazos, los intentos por tirar las vallas, por hacer caer la sesión. Cuando eso se concretó, se vivió como un triunfo. A voz quebrada se cantó el clásico “Unidad de los trabajadores/ y al que no le gusta/ se jode”, que sonó como un himno de victoria. Volvió a encenderse una mecha que estaba húmeda, una vieja sensación dormida, con aires de 2001, de que en la calle, las organizaciones sociales, sindicales y del pueblo trabajador podían torcer la voluntad de un Gobierno, lo que matizó el horror que vivieron muchos cuando debieron replegar ante la represión policial. Hubo un total de 37 detenidos, reporteros gráficos baleados a poca distancia, centenares de heridos. La cacería policial duró ocho horas, y se prolongó aún cuando la sesión ya había caído.

El presidente amagó con sacar la reforma por decreto, Elisa Carrió agitó fantasmas de golpe institucional y la oposición parlamentaria festejó el encuentro de viejos lobos de mar: se los vio a los abrazos al ex líder de la juventud sindical y diputado por el masismo Facundo Moyano con el ex ministro de Economía y diputado kirchnerista Axel Kiciloff; al flamante titular del bloque PJ-K, Agustín Rossi, con el ex titular de la UIA y también diputado massista José Ignacio De Mendiguren. Fueron horas de júbilo opositor e incertidumbre en la Rosada. Los resultados radicalmente opuestos que se dieron apenas cuatro días después dieron otra muestra gratis de la volatilidad de la política argentina y de la inutilidad de los pronósticos que anteponen el deseo a la realidad.

Una plaza fumigada. 

Lo que pasó el lunes 18 es conocido por todos, pero sólo en los trazos gruesos. La televisión se centró en el enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y la policía de la Ciudad, que apostada sobre Hirigoyen y Solís se dedicó a recibir piedrazos durante dos horas. La sesión se inauguró a las 14. Los piedrazos, una hora antes. La cobertura mostró imágenes del interior y el exterior del recinto durante ese tramo, y se apagó cuando en la calle comenzó la cacería.

Si hubo un primer aviso, solo tuvo sentido como tal al revisar los hechos en la reconstrucción posterior: en un momento impreciso entre las tres y las cuatro de la tarde, motorizados de la federal cruzaron a la multitud a lo ancho de la Plaza Congreso. Ingresaron por Saenz Peña y avanzaron por Rivadavia, a toda velocidad, entre la gente. La provocación pasó desapercibida para la mayoría, a excepción de quienes casi fueron atropellados. Inmediatamente después, ese mismo grupo motorizado avanzaba sobre la gente en forma vertical, desde el Congreso mismo en dirección a la Avenida 9 de Julio. La estampida fue brutal e instantánea, ayudada por una lluvia de gases. El repliegue fue frenético. Las balas de goma empezaron a pegar en los cuerpos, siempre por encima de la cintura. Tres personas perdieron un ojo. Otras 80 quedaron detenidas, cazados literalmente en las emboscadas plantadas en los alrededores. Otra decena tuvo orden de captura. Las casas de varios manifestantes fueron allanadas. Hasta hubo un fiscal que pidió modificar el código penal para que los incidentes en las manifestaciones dejen de ser excarcelables.

La policía, desbocada, buscó a los rezagados, a los ahogados por los gases, para pegar. Y lo hizo. Se ensañó con jubilados, cartoneros que pasaban el lugar, fotógrafos, trabajadores de prensa, militantes en general. El pánico hizo el resto: en apenas pocos minutos la plaza, que estuvo llena, quedó vacía. Lo súbito del inicio de la represión, sumado a la cacería posterior, denotó que la orden de reprimir partió de una decisión política consciente. El Gobierno se lanzó a todo por la ley, y decidió asumir el costo político que asumieron sus pares griegos y franceses en contextos disímiles aunque con el mismo objetivo de fondo. Parte de la estrategia para contrarrestarlo fue la repetición sistemática de los piedrazos por TV y la acusación de “violentos” a los miles de violentados que se movilizaron en paz. Aún así, las encuestas más optimistas, encargadas por el propio ejecutivo, le dieron una merma de al menos siete puntos en la imagen del Presidente.

Por qué ardió diciembre.

Con 127 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, la reforma de la fórmula que se utiliza para aumentar las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones se convirtió en ley. Ergo, los jubilados que cobran alrededor de 10 mil pesos –la abrumadora mayoría- 6 mil pesos a lo largo del año. El ahorro estimativo para las arcas del Estado para 2018 es de 72 mil millones de pesos, bastante más que los 20 mil millones que desplegará para el fondo del conurbano, aunque insuficiente si se tiene en cuenta el rojo de 200 mil millones que implicó el quite de los aportes patronales previsto en la reforma impositiva. Pero la quita no termina ahí: desde este año, quienes están a punto de jubilarse, deberán esperar cinco años más (hasta los 70 los varones, hasta los 65 las mujeres) si quieren cobrar la totalidad de los haberes que le corresponderían por sus aportes o por moratoria. Como se dice, los números hablan solos.