M, trabajadora sexual del conurbano, migrante de República Dominicana, fue violada en Camino de Cintura a principios de año. Sus compañeras la encontraron ensangrentada y cuando fueron a realizar la denuncia, la policía se negó a tomarla. El agresor logró huir y aún no fue identificado. "¿Habrá justicia para las prostitutas o nos dirán los que les dijeron a nuestras compañeras: 'jodanse por putas'?", denunció la titular de AMMAR, Georgina Orellano.

Eran cerca de las dos de la mañana del diez de enero y M paraba en Camino de Cintura, en la zona de Lavallol, junto con Romina, su compañera de trabajo esa noche. Estuvieron caminando con dos hombres, en algún momento se separaron y M. quedó sola con su agresor. Él se le tiró encima y le desfiguró la cara. Después, la atacó sexualmente. La encontró un conocido horas después, golpeada y con su remera blanca impregnada de sangre.

Entre varias compañeras cargaron a M en un remis  y la acompañaron a la Comisaría de Luis Guillón, con la esperanza de hacer la denuncia, pero se la negaron. La Policía las llevó en un patrullero a recorrer la zona para identificar al atacante pero, para variar, había escapado. Las compañeras se encargaron de llamar a una ambulancia y M fue trasladada al Hospital Santamarina de Esteban Echeverría, donde nuevamente se llevaron una desilusión: no aplicaron el protocolo que corresponde en casos de violación. M estuvo 17 horas en el hospital, donde no obtuvo el cuidado necesario por parte del cuerpo médico. Por esa razón, AMMAR presentó una denuncia ante la fiscalia del municipio, donde iniciarán un sumario para ratificar el accionar del personal de la atendió.

M tiene miedo. Es oriunda de República Dominicana y no tiene documentación, y la asusta la idea de que la deporten al intentar hacer la denuncia. Está agrupada con otras compañeras de Lavallol que se nucluearon en AMMAR hace un año, aproximadamente. La policía las obligaba a pagar coimas para no llevarlas detenidas. Fue atacada física y sexualmente, su agresor está libre, no le tomaron la denuncia, en el hospital no le hicieron el protocolo de violación y no tiene ninguna garantía de estar protegida.

Muchas trabajadoras sexuales están organizadas en defensa de sus derechos, pero día a día en las calles son el blanco de la policía que las requisa, las detiene arbitrariamente y las demora hasta 72 horas en una comisaría, les roba sus pertenencias, y las violentan física, verbal y hasta sexualmente. “Parece que por ser puta les da derecho a hacer lo que quieren con nosotras.(…) Hay justicia para las prostitutas? Habrá clamor social ante hechos como estos? O nos dirán los que les dijieron a nuestras compañeras:'”jodanse por putas”,”busquense otro trabajo” o “Y que quieren que les pase si se dedican a eso”. Del poder policial nada nos sorprende pero sí del sistema de salud que solo le dieron la pastilla del día después a nuestra compañera y le hicieron una tomografia sin dar intervención a ninguna fiscalia”, se lamentó Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR en su cuenta de Facebook.

Si el propio estado no les garantiza sus derechos y la misma sociedad que se indigna al ver su cara desfigurada en las redes después las sigue criminalizando por su actividad sexual, que no nos sorprenda que cualquier macho violento se vea en su derecho de poder actuar a su antojo con una mujer. M es puta, negra y extranjera. Y merece justicia.