El "cambio de doctrina" respecto a las fuerzas de seguridad a partir del caso Chocobar, "no solo nos expone al avance de una sociedad más violenta, sino que impulsa grandes retrocesos en materia de discusión de seguridad pública y democrática", escriben en esta nota de opinión dos abogados populares miembros de la Asociación Civil contra la Violencia Institucional.

Por Matías Busso y Natalia D´Alessandro*

Por más espeluznante que parezca nos hemos acostumbrado a ver como los jóvenes de los barrios populares son acribillados por alguna de las Fuerzas de Seguridad en supuestos “enfrentamientos”. También, nos hemos acostumbrado a ver como detrás de ello se monta un entramado complejo de impunidad, compuesto por el corporativismo policial que “plantando” pruebas, presenta su versión ante un Poder Judicial que convalida cada una de sus versiones de manera sistemática (para mi es muy larga esta frase). Son pocas las veces en las que ese entramado se rompe y  la justicia avanza en la búsqueda de reparación real para las familias de muchos de estos jóvenes.

El caso Chocobar parecía romper este entramado se suponía que el efectivo seria procesado, aunque fuera por la figura de “exceso en la legítima defensa”, quizá porque esta vez había una cámara filmando o tal vez por lo alevoso del caso: una persecución con siete disparos contra un joven que sin un arma de fuego huía.

Nos hemos acostumbrado a ver la falta de preparación de los agentes intervinientes y a que la mayoría de  los casos ocurran cuando están fuera servicio. Nos acostumbramos a discutir estas muertes como una tragedia,  como una  deuda pendiente de la democracia, pero nunca como un ejemplo, jamás como una virtud del sistema. Nunca podremos acostumbrarnos a que un presidente reciba  como un héroe al policía procesado por la muerte de un joven de 18 años, corriendo todos los límites de discusión para cosechar los aplausos y ovaciones de aquellos que piden una sociedad más violenta y que poco y nada entienden sobre seguridad pública.

Podemos analizar la conducta  individual,  el caso por caso de las ejecuciones extrajudiciales, estudiar la responsabilidad penal del agente, o detenernos en lo sistémico del asunto y discutir el funcionamiento de un Estado policial, la portación de armas de fuego las 24 hs del día, la (mal)formación en el uso de la fuerza de los funcionarios policiales pero nunca podemos tomar el gatillo fácil como una conducta a seguir, como un ejemplo, como una “nueva doctrina”.

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación declaró: “Estamos cambiando esta doctrina de que el policía siempre era culpable”. La doctrina a la que se refiere Bullrich son los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” nada más y nada menos que un tratado internacional en el marco de la ONU. Con estas declaraciones infundadas no solo nos exponen al avance de una sociedad más violenta, sino que impulsa grandes retrocesos en materia de discusión de seguridad pública y democrática.

No se trata de construir “heroes” o asesinos a la hora de discutir la actuación de las fuerzas policiales. Se trata, nada más y nada menos que, de que los policías sean los encargados de cumplir la ley y no de aplicar la pena de muerte, a gusto y discreción, al primer pibe que corre con una cartera.

*Abogados de la Asociación Civil contra la Violencia Institucional