El colectivo LGBTIQ volvió a las calles, esta vez para reclamar el desprocesamiento de Mariana Gómez, quien fuera detenida en octubre por besarse con su novia en el subte. "Todxs somos Mariana" fue una de la consignas.

“Salimos a la calle para luchar por los derechos de todas las personas, sin importar la condición sexual que tengan”, expresó ayer Mariana Gómez junto a su esposa, Rocío Girat frente a tribunales en el marco de la convocatoria que se realizó bajo el lema #PresaPorBesar, para dar su apoyo a Mariana por haber sido detenida arbitrariamente en octubre pasado por haberse besado con su pareja en la estación Constitución de la línea C de subte.

Con carteles en alza que rezaban “Todxs somos Mariana”, “Basta de lesbofobia” y “Abajo el PROtocolo LGBTI”, organizaciones populares, la Federación Argentina LGBTI, la Asamblea Lésbica Permanente, entre otras, acompañaron a Mariana y a Rocío a presentar la apelación de su procesamiento por “resistencia a la autoridad y lesiones” dispuesto por la Jueza María Fontbona de Pombo a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 45.

La pareja denunció que aquel hecho que dispuso la detención de Mariana y hoy su procesamiento, lejos se trató de un apercibimiento por haber fumado en un lugar no permitido, sino que fue un acto de discriminación sexual y lesbofóbico, dado que en ese momento había otras personas fumando en el mismo lugar y no les fue llamada la atención.

Aquel 2 de octubre de 2017 un efectivo de la Policía de la Ciudad, identificado como Jonatan Rojo, llamó “pibe” a Mariana, golpeándola y reduciéndola bajo la excusa de estar fumando un cigarrillo en un lugar no autorizado y resistirse a la autoridad. Sin embargo, no todo terminó allí, a Mariana la arrojaron en un calabozo común, donde permaneció durante siete horas mientras Rocío presentaba el certificado de matrimonio que el policía -haciendo caso omiso- anotaba como “estado civil soltera”.

A pesar que hace varios años nuestro país tiene en vigencia leyes tales como el matrimonio igualitario (Ley 26.618) o la de identidad de género (Ley 26.743), las fuerzas de seguridad no reconocen estos derechos avasallándolos día tras día y discriminando a los ciudadanxs.