Hace 10 años la Corte Suprema ordenó en el caso “Mendoza” que el Estado nacional, provincial y de la Ciudad dieran respuesta para el pronto saneamiento ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo y el mejoramiento del hábitat para todos sus habitantes, en particular quienes viven en el “camino de sirga”, la franja lindante con el río.

El pasado miércoles 14 de marzo, la Corte convocó a una nueva audiencia “pública” para conocer los avances realizados por el estado y por ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), entidad pública que se creó a partir de la sentencia para su cumplimiento. El resultado fue desastroso.

El caso es emblemático de la falta de voluntad política en muchos sentidos y niveles. Primero, por las demoras intolerables en el saneamiento del Riachuelo y por el consentimiento cómplice con la contaminación que llevan adelante todavía las empresas, y que una vez más quedó en evidencia en la audiencia.

Segundo, porque esa misma contaminación ocasionó graves problemas de salud, especialmente en niños y niñas que fueron hace años examinados por el plomo en sangre. En la audiencia, se reconoció frente a los jueces que no se sabe bien qué sucedió con la mayoría de esos niños, cómo siguieron sus vidas, si se les brindó asistencia. Un grave reconocimiento de la ausencia sistemática del estado en sus vidas.

Tercero, nuevamente se evidenció la lentitud con la que avanza la relocalización de las familias que viven en los márgenes del río, ordenada hace una década: sólo se cumplió con el 22%, es decir 3.992 familias se encuentran relocalizadas del total 17.771. En la CABA, en Barracas avanzan las obras del plan “Procrear” mucho más rápido que las obras para lograr tendido eléctrico, red de agua y cloacas y viviendas para los vecinos en emergencia ambiental. El IVC, instituto para la vivienda de la ciudad, es el organismo incumplidor por excelencia y un botón de muestra del “estado idiota” que es testigo pasivo de los negocios que se hacen a su costa y la falta de respuesta real para quienes la necesitan. Subejecuta crónicamente las partidas presupuestarias que tiene asignadas, recambia a sus funcionarios frecuentemente (alguien nuevo siempre está “empezando” la tarea) y supervisa débilmente la construcción de las viviendas eternamente prometidas: la Corte le marcó fuertemente a la Ciudad que las viviendas ya construidas presentaban serios problemas edilicios, lo que a su vez costará mucho dinero reparar (enriqueciendo nuevamente a grandes empresas constructoras).

Pero los problemas de implementación no los vemos solamente en los incumplimientos costosos de la Ciudad, la Provincia, el Estado Nacional, la Acumar… están también dentro de la misma Corte Suprema. Paradójicamente, a los vecinos del camino de sirga, principales afectados (pero no los únicos, porque los efectos de la contaminación se proyectan sobre todxs), no se les permitió el acceso a la audiencia. Querían que la miraran por Tevé en un salón aparte, bien lejos de donde estaban los jueces y los funcionarios que primero les tienen que rendir cuenta a ellos, así como a la sociedad toda por las demoras en ocuparse de algo tan importante como la contaminación ambiental y la calidad de vida. “Nosotros no contaminamos, nos contaminan” se escuchó en los pasillos del “palacio” de Tribunales. Los vecinos hicieron sentir con cantos y palmas su descontento con el impedimento para participar de la audiencia. La respuesta fue contundente: apareció un cordón de policías con escudos, cascos, y sin identificación. Policías “de civil” filmaban a los vecinos. Todo adentro del mismo edificio donde la ciudadanía recurre a hacer cumplir la ley, y obviamente con el consentimiento de los máximos representantes del poder judicial del otro lado de la puerta.

En lugar de diálogo, transparencia y rendición de cuentas, el estado despliega la fuerza bruta para silenciar. De esta manera se desvirtúa también la herramienta de la audiencia pública, que debe servir para aportar transparencia y legitimidad a la administración de justicia y no ser solamente una forma, un ritual. Este problema se repite también en otras partes cuando se llama a “audiencias públicas” (a menudo en horario laboral, dificultando la participación) solamente para convalidar una decisión previamente tomada por el gobierno, pero para condimentarla con una comedia de participación.

Aún así la participación ciudadana prevalece. Los vecinos que se acercaron el miércoles, así como tantos otros que viven a la ribera del Riachuelo, han construido hábitat donde el Estado nunca llegó, y lo siguen haciendo con mucho esfuerzo a pesar de la negativa a reconocer la participación formal en el proceso judicial, que de esta manera deja ver sus límites estrechos. La organización colectiva y popular desborda esos límites caprichosos, y reclama reconocimiento. Mario Gómez, delegado de la Villa 21-24 de Barracas, insistió: somos parte de la solución, no del problema.

Hace 10 años la Corte Suprema ordenó en el caso “Mendoza” que el Estado nacional, provincial y de la Ciudad dieran respuesta para el pronto saneamiento ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo y el mejoramiento del hábitat para todos sus habitantes, en particular quienes viven en el “camino de sirga”, la franja lindante con el río.