El sábado se cumplieron 42 años del último golpe de Estado. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad llevó a cabo tres informes mediante los cuales realizan una síntesis de las sentencias dictadas desde 2006 hasta la fecha y un análisis del estado de las causas, y la demora en las mismas.

Los avances en materia de juicio y castigo a los genocidas de la última dictadura cívico-militar se materializaron en casi 400 sentencias firmes desde 2006 hasta hoy. Sin embargo muchas de las causas judiciales siguen aún sin resolverse. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad realizó tres informes –estadístico, trayectoria y dossier-, donde registraron, hasta el 15 de marzo de 2018, un total de 599 causas en trámite, en las que son (o fueron, hasta su fallecimiento) investigados 2985 imputados.

Del total de expedientes, en 397 aún no se ha dictado sentencia y 278 se encuentran en etapa de instrucción. Es decir que un 47 por ciento del total de causas todavía no alcanzó la etapa de debate.

En relación a ello, otro de los informes que llevó a cabo la procuraduría es el de la “trayectoria”, el cual se busca conocer y calcular el promedio de tramitación de las causas a nivel nacional. Según el organismo las causas se han mantenido relativamente estables en los últimos tres años, en parte debido a que las investigaciones continúan activas, pero hay una demora en la tramitación hasta la elevación a juicio. En suma, este análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo.

Dado estos análisis la procuraduría consiguió reconocer los “cuellos de botella” en los que se producen las demoras en las investigaciones, y al mismo tiempo, develar que entre el requerimiento de elevación a juicio y la firmeza de la sentencia se registra en promedio una demora de 5 años y seis meses.

Además, se pudo calcular que desde la reapertura de las causas en 2006 hasta el momento, la instancia que mayor tiempo ha demorado es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una trayectoria de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de las sentencias de los tribunales orales federales. Le sigue la instancia entre el debate y el veredicto a cargo del TOF, con casi 1 año y ocho meses de demora.

Respecto al Dossier, realiza una síntesis de cada una de las 203 sentencias pronunciadas desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad hasta la actualidad en nuestro país, en el cual se intenta aportar una perspectiva general de lo recorrido en 12 años de proceso de justicia.

El año con mayor cantidad de sentencias dictadas fue el 2017, fueron 27, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006. En total fueron condenadas 205 personas por delitos contra 2017 víctimas. Estas son algunas de las sentencias más emblemáticas:

  • “Colegio Militar”: el 16 de marzo se dictó sentencia por la desaparición de conscriptos y crímenes en la Guarnición de Campo de Mayo, en la que fueron condenados siete acusados; entre ellos el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Riveros y el ex director del Colegio Militar, Reynaldo Benito Bignone, ambos a cadena perpetua.
  •  “Automotores Orletti”: El 11 de septiembre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires condenó a tres ex policías federales a 25 años de prisión y a un ex agente de la ex SIDE a 16 años. Todos ellos formaban parte de los grupos de tareas que actuaban en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, que funcionó entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976 en un taller mecánico alquilado por miembros de la SIDE, un enclave local de la Operación Cóndor, asociado principalmente a la persecución y represión de ciudadanos uruguayos, chilenos y bolivianos.
  • “Operativo Independencia”: como se llamó el plan sistemático de exterminio desplegado en la provincia de Tucumán a principios de 1975. Entre los hechos imputados se visibilizó la violencia sexual y el abuso deshonesto. Se juzgaron delitos cometidos contra 270 víctimas, por los que fueron condenados altos mandos de la Policía de Tucumán y del Ejército, vinculados al Servicio de Informaciones (D2) de la Policía provincial. El Operativo Independencia fue el punto de partida de la instauración del dispositivo represivo en la Argentina. Las directivas militares de la época fijaron territorialmente la prioridad de la ofensiva sobre esta provincia. En septiembre, la justicia tucumana condenó a cinco ex policías y a un ex militar a prisión perpetua e impuso penas de entre 4 y 18 años de prisión a dos ex policías y dos ex militares por crímenes perpetrados durante el denominado Operativo Independencia, a los cuales calicó como de lesa humanidad, en el final del histórico juicio que abordó el plan sistemático de exterminio desplegado en aquella provincia desde principios de 1975.
  • “Causa de los magistrados”: El 7 de noviembre la justicia cordobesa resolvió condenar a tres años de prisión a los ex jueces Miguel Ángel Puga y Antonio Cornejo, por su complicidad con la última dictadura y absolvió a dos ex magistrados.
  • “ESMA Unificada”: fue el tercer juicio donde se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada y de los grupos operativos que actuaban allí, comenzó en noviembre de 2012. Incluyó a 68 imputados, pero llegaron al final del juicio sólo 54 de ellos, ya que en los 5 años de debate, 11 fallecieron y otros 3 fueron apartados del debate por razones de salud. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 el 29 de noviembre de 2017 dictó 29 condenas de prisión perpetua. El veredicto tuvo por acreditado por primera vez la metodología de los denominados “vuelos de la muerte”, lo que resultó en las condenas a los pilotos de Prefectura Naval Mario Daniel Arru (perpetua) y Alejandro Domingo D’Agostino (perpetua). Los pilotos de la Armada Emir Sisul Hess y Julio Alberto Poch, y el mecánico de vuelos Rubén Ricardo Ormello fueron absueltos.