Los delitos sexuales cometidos en dictadura comenzaron a ser juzgados a más de treinta años del golpe. La participacion de las mujeres en las organizaciones politicas durante los 70 fue invisibilizada. Las sobrevivientes fueron juzgadas por conservar su vida. Rol, castigo y estigma de las mujeres en dictadura

Las paredes descaradas de humedad, el revoque que cae, des-escamándose como un reptil que muda su piel. Adentro cientos de cuerpos condenados a la desnudez, a la deriva del deseo ajeno, de aquel que pasara y quisiera descargar su ira, marcar su poder, demostrar su desprecio, humillar a destajo. La falta de higiene, la obligación de mantenerse en pie durante días, la poca comida y el ínfimo acceso a la salud se repiten como constante en otros -al menos- 340 centros clandestinos de detención. El cuerpo humano sometido se convierte en animal, solo entiende de necesidades vitales. A pesar de eso, la memoria intenta desconfigurarse, borrar datos y nombres, no ceder ningún resquicio.

“Yo pensaba en que no me saliera ningún nombre y ninguna dirección. Eso era más importante que lo que me pasaba físicamente”, recuerda Soledad García. Soledad fue miembro del sindicato docente de Córdoba hasta el 9 de abril de 1976, cuando fue secuestrada. Pasó cuatro años y medio detenida sin delito alguno en su contra y fue la primera mujer en declarar en la causa el juicio oral por la represión en Córdoba, que tuvo a Jorge Rafael Videla como acusado. En su declaración, García señaló que a sus compañeras “las hacían parir esposadas a la cama y con los ojos vendados”

“Era tan fuerte mi determinación de que no me iban a doblegar de ninguna manera que no tengo recuerdos de dolor” agrega Gloria Di rienzo. Gloria era militante del prt-erp y fue detenida a los 20 años. Detrás del delineado negro surge de sus ojos una mirada achinada. Cuando recuerda la  fuerza con la que resistía las sesiones de tortura – esa que exasperaba a sus torturadores- mira a la cámara buscando un relampagueo de complicidad, luego vuelve a  conservar el aplomo de quien lleva la piel curtida de cicatrices.

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En el documental “Lesa” – realizado para Programa Violencias de Género en Contextos Represivos, de la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba- cuatro mujeres hablan frente a frente a la cámara. Cuentan en primera persona su experiencia como militantes y detenidas  en los centros clandestinos de detención. Cada una tiene otra procedencia, otra historia, otra familia, otro trabajo, otra trayectoria. Todas confluyen en un punto: son mujeres y sobre sus cuerpos no sólo sucedieron castigos, picanas, mojarritas y culetazos sino también se perpetraron delitos sexuales que hasta mucho tiempo después no fueron reconocidos como tales.

Durante los años sesenta y comienzos de los setenta hubo un fuerte ingreso de mujeres en los ámbitos políticos. Aunque las reivindicaciones no estaban centrados en temas de género la participación activa de mujeres significó  empezar a debatir e incomodar los roles patriarcales en las estructuras militantes.

Como dirá Patricia Graciela Sepúlveda en su libro Mujeres insurrectas. Condición femenina y militancia en los ’70 “Las militantes pusieron en evidencia la distancia entre ellas y las figuras femeninas estereotipadas a través de su compromiso con el cambio social, que incluyó la inmersión de todo su proyecto de vida en un proyecto mayor, de transformación de la sociedad y advenimiento del socialismo.” Este nuevo fenómeno por el cual las mujeres se insertaron en la política -entendida como un espacio de poder mayormente masculino – significó un supuesto desviamiento de lo que las fuerzas armadas entendían como el  rol natural de la mujer, como madre y esposa.  Dentro del contexto concentracionario los violaciones eran para los torturadores una forma de “re encaminar”  a las detenidas

Los delitos sexuales en cautiverio no fueron prácticas aisladas sino programas políticos de sometimiento que se perpetraron en los cuerpos de las mujeres. Los abusos sexuales representaron una forma de destacar la virilidad  imponiéndose sobre todo deseo ajeno. Al mismo tiempo los delitos sexuales funcionaban como una forma de humillación para los demás detenidos que no podían actuar frente a la violación de sus parejas, hermanas y compañeras.

“Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”. La frase fue dicha por una querellante durante el juicio que condenó a Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino “La Cueva”, en Mar del Plata.

Ese fallo sentó precedente respecto a los delitos sexuales ya que los camaristas  Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani por primera vez argumentaron que  “Los abusos sexuales en La Cueva no constituían hechos aislados, sino una práctica habitual que se exteriorizaba a través de diversas conductas que lesionaban el marco de protección a la integridad sexual previsto por el ordenamiento legal”.

Martha Caldenor estuvo detenida en “La Cueva” y cuenta  Nunca he tenido relaciones sexuales, siempre he negado mi condición de mujer, es decir, mi vida sexual terminó en ese momento, no en el momento de la violación, sino en el momento del secuestro. Tomó mucho tiempo darse cuenta de que estas eran las secuelas. He negado la sexualidad, y esto ha sido descubierto durante mucho tiempo, por muy poco tiempo.

El juicio por los crímenes de “La Cueva” sucedió en el 2010. Habiendo pasado más de tres décadas del golpe de estado.

En 2012 Alejandra Gils Carbó, siendo Procuradora General de la Nación firmó un documento exigiendo los fiscales de las grandes causas de delitos de lesa humanidad que se tenga en cuenta los crímenes sexuales cometidos en cautiverio.

El 2016 fue el año de mayor avance con trece condenas que incluyeron entre sus acusaciones delitos sexuales. Sin embargo frente al retroceso en materia de derechos humanos y la persuadida renuncia de la procuradora (quien ejercía como titular de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas LGBTI) no se distingue un panorama alentador.

Las denuncias por violencia sexual formaron parte de los relevamientos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y se escucharon durante el Juicio a las Juntas Militares de 1985, sin embargo no fueron considerados crímenes de estado. En ambas instancias la justicia determinó que no se trató de violencias generalizadas ni sistemáticas y que era imposible determinar quien o quienes las había llevado a cabo, a pesar de que las torturas siempre involucraron varias personas. Hasta la reapertura de los juicios en 2006 los delitos sexuales dentro de los centros clandestinos permanecieron congelados en la niebla que conlleva la impunidad y las heridas continuaron infectas.

El tabú de la violación, la falta de contención y el desinterés judicial, impusieron en las sobrevivientes a una mordaza simbólica, más apretada que aquella que efectivamente se utilizó para asegurar la incomunicación entre los detenidos.

Sobre las sobrevivientes peso el estigma de haber consentido las relaciones con sus perpetradores, inclusive de haber aprovechado los beneficios que estas podrían traer aparejadas. Si una presa era obligada a tener relaciones sexuales con un torturador se creía que era para obtener una llamada a sus familiares o una mejor ración de comida. Si una presa sobrevivía era, para el resto de la sociedad, porque sin duda había decidido, consentido e incluso disfrutado de las relaciones con el torturador, como si en algún momento del cautiverio los detenidos hubieran sido capaces de actuar libremente.

En su libro “Putas y Guerrilleras” Olga Wornat y Miriam Lewin, periodista y sobreviviente del centro clandestino Virrey Cevallos y de la escuela de mecánica de la explican cómo actuó sobre las sobrevivientes el mismo mecanismo de culpabilizar a la víctima que pervive hasta el día de hoy. “Las mujeres sobrevivientes sufrimos doble estigma. La hipótesis general era que si sobrevivimos éramos delatoras y además prostitutas (…) nos habíamos entregado de buen grado a la lascivia de nuestros captores, cuando habíamos podido elegir no hacerlo”

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“Ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir”. La frase fue dicha por Victoria Walsh desde lo alto de una terraza de floresta el 29 de septiembre de 1976. Ese día  las fuerzas armadas rodearon la casa donde se encontraba junto a su hija y varios compañeros de militancia. Después de una hora y media de tiroteo Victoria dejó la metralleta con la que disparaba desde la azotea y pronunció esas palabras antes de llevarse una pistola a la sien y gatillar. Tenía 26 años.

Victoria Walsh fue oficial 2° y responsable de prensa sindical en la organización Montoneros, y aunque muchos la relacionan únicamente a la trayectoria de su padre, al día de hoy representa una de las pocas figuras femeninas que trascendieron como protagonistas de la lucha armada de los 70’. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad actualmente se registran 19 sentencias que condujeron a la condena de 79 imputados por crímenes de violencia sexual, sin embargo las deudas sociales perviven. No solo se trata de una sentencia parcial respecto a la implicancia de lo sucedido, sino que aún se sostiene una deuda historiográfica. Conocemos pocos nombres de las detenidas desaparecidas y la figura de la mujer en el imaginario popular se destinó a las madres y abuelas. Los nombres y rostros de las detenidas desaparecidas se difumina en una nube de incomodidad, ocultación y culpas intrínsecamente ligada a la teoría de los dos demonios.

Ante los intentos de desandar nuestra memoria el sábado nos reunimos para marchar como sucede hace 42 años.  Si  el movimiento de mujeres viene cobrando visibilidad de manera arrolladora es necesario -casi obligatorio- que este 24 de Marzo se levanten las banderas -metafóricas y literales- de aquellas mujeres que murieron en la lucha o aquellas que sobrevivieron y debieron atravesar los estigmas y luchar en su búsqueda de justicia. Es necesario y casi obligatorio porque como venimos diciendo hace rato sin feminismo no hay justicia social.