Obsesionado con la nueva traza de la autopista Illia, el Gobierno porteño inició hace cinco meses una relocalización a la fuerza de las familias del barrio hacia Costanera. Los supuestos beneficios para la Ciudad de esta obra generan perjuicios para algunas familias en particular.

Pasaron casi cinco meses desde los inicios del proceso de relocalización de las familias de Cristo Obrero (Barrio Carlos Mugica, ex Villa 31-31 bis) que el Gobierno porteño obligó a relocalizarse en el predio de Containera porque se encontraban ubicadas en el sector por donde pasará la nueva traza de la Autopista Illia (la traza vieja será a futuro un parque lineal elevado a la manera del High Line neoyorquino).

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS Y LA RELOCALIZACIÓN

Este proceso inaugural de relocalización acusa desde los comienzos un balance desfavorable. Gran parte de las familias se negaba originalmente a relocalizarse. En esta relocalización, las familias vieron profundamente socavados sus medios de vida. La mayoría sustentaba su economía con actividades comerciales diversas. Al ser relocalizadas perdieron anclaje territorial y gran parte de la clientela. Además, el sector del barrio en el que están emplazadas se encuentra cercado y las tiras de viviendas tienen una única vía de acceso, de manera tal que quedó marginado, aislado y prácticamente inaccesible vehicularmente respecto del resto del barrio. Se suma a estas situaciones que los locales comerciales no resultaron suficientes para absorber la demanda comercial de las familias. En la relocalización no se consideraron las necesidades laborales de las familias que vivían de actividades productivas y comerciales en el barrio.

Con la finalidad de paliar estas socavadas economías algunas familias han alquilado o sub-alquilado las viviendas como una manera de generar recursos que les permita la subsistencia. Muchos esperan ansiosos el cumplimiento de los seis meses de posesión reglamentarios para poder venderlas e irse, que según ellos esta posibilidad fue informada por funcionarios del gobierno.

Las relocalización fue compulsiva para las familias, obligadas por la construcción de la nueva traza de la Autopista Illia. Los supuestos beneficios para la Ciudad de esta obra genera perjuicios para algunas familias en particular. El GCBA debería adoptar todas las medidas para que un beneficio común no signifique grandes perjuicios económicos para unos pocos. En la búsqueda de un equilibrio, una medida inmediata del GCBA debería ser el otorgamiento de subsidios económicos para compensar a las familias que fueron perjudicadas en su actividad laboral y, en consecuencia, en su economía.

SOBRE LAS VIVIENDAS

Las viviendas presentan algunos problemas derivados de la falta de control de final de obra, y otros que resultan muy difíciles de explicar: En todas las viviendas, los circuitos eléctricos de los artefactos de cocina están sub-dimensionados o tienen problemas, pues al encender las hornallas por un tiempo más prolongado, recalientan y saltan las llaves térmicas.  En algunas viviendas hay filtraciones de agua producto de problemas en los revestimientos de chapa de los muros exteriores. En algunos edificios corre agua por diferentes lugares en los núcleos de escaleras y se observan fisuras en las losas de hormigón, en la zona cercana a las barandas de escaleras. Han tenido problemas con la provisión de agua porque fallan las bombas o los flotantes de los tanques. Los revestimientos de chapas de los muros exteriores presentan problemas como discontinuidades y roturas, con riesgo de filtraciones y deterioro en el mediano plazo.

Los vecinos afirman no haber participado en talleres sobre el diseño de las viviendas, si bien, cuando comenzaron a colocarse los paneles internos, desde el gobierno programaron visitas a la obra.[2] Tampoco han tenido capacitaciones.

Señalan los adjudicatarios que constantemente reciben visitas de técnicos que recogen las demandas, pero ninguno trae soluciones, ni respuestas a los interrogantes que les plantean. Todos se encuentran subsumidos en un tiempo de espera, a estas alturas, con nula expectativa de que algo se solucione.

El gobierno se comprometió a garantizar un año de mantenimiento de las viviendas. Luego de ese plazo de gracia, por no decir de risa,[3] los habitantes quedarán a cargo del mantenimiento y a cargo también de resolver las patologías constructivas que, con estos antecedentes mencionados, podrán hacerse evidentes de manera rotunda en un mediano plazo. Para ese momento, el gobierno y la empresa constructora se habrán encargado de deslindar responsabilidades.

Muchos aspectos de “buenas prácticas” han sido desoídos, cuando no violentados en el caso de Containera. La incertidumbre en torno al cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas, el pago de los servicios y las cuotas de crédito evidencian problemas de comunicación y acompañamiento que vician el proceso como una mala práctica.

Containera es la muestra de las concepciones de un gobierno que desoye a los afectados, para los que ni siquiera se tomaron medidas para resguardar sus necesidades más básicas como los medios de subsistencia.

¿De qué procesos de integración socio-urbana está hablando el gobierno? De una integración socio-urbana imposible, pero rápida y efectiva en términos de expulsión. Porque como se señala en el título de un artículo publicado por Nueva Ciudad: “El gobierno porteño ‘sueña’ con que en cinco años no haya más villas en la Ciudad”, y por eso, bajo un ropaje y discurso de “integración socio-urbana” se está ocupando en hacerlas desaparecer.

Click acá para ver el informe completo: http://observatoriociudad.org/panel/biblioteca/12_21_302018%20-%2004%20-%2011%20-%20La%20integración%20imposible%20-%20la%20relocalización%20fallida%20Containera.pdf